La reforma energética aprobada el viernes por el Consejo de Ministros penalizará las segundas viviendas y los inmuebles vacíos al tiempo que pretende reducir el coste sobre el consumidor medio.

El real decreto energético publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que, en el plazo máximo de un mes, el Ministerio de Industria aprobará una revisión de los precios de los peajes que se cobran en la tarifa eléctrica por la potencia contratada y por la energía consumida. Según fuentes de Industria, el objetivo es atribuir un mayor peso que el actual al precio de la potencia contratada. A cambio, el precio de la energía consumida pesará en la tarifa algo menos. La nueva combinación, según estas fuentes, tendrá como consecuencia una mayor penalización de las segundas residencias (donde el consumo es menor) y de las viviendas vacías (se pagará más por la potencia contratada, aunque el consumo sea nulo).

El Gobierno también pretende reforzar la lucha contra el fraude en la actividad de comercialización de electricidad. Dentro de las medidas orientadas al consumidor, se prevé simplificar y clarificar la factura eléctrica con el objetivo de hacer más sencillo e inteligible. La actual tarifa de último recurso (TUR) a la que están acogidos la gran mayoría de los consumidores domésticos pasará a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.

Además, la reforma habilitará nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes, permitiendo la competencia entre ellas, para dar ofertas y descuentos, y se agilizará el proceso de cambio de compañía suministradora.

Para los consumidores más vulnerables seguirá el descuento del bono social, pero este pasará a estar ligado a un criterio de renta, lo que dejará fuera a muchos de sus actuales beneficiarios. Este cambio se regulará por ley y entrará en vigor en el 2014. Para fijar el límite se partirá del salario mínimo interprofesional más unos incrementos en función del número de miembros de la unidad familiar.

Estas son algunas de las derivadas de la reforma energética con la que el Gobierno pretende poner fin a la generación de déficit de tarifa para evitar hacer crecer una deuda que ya alcanza los 26.062 millones de euros. Con carácter general, los consumidores tendrán que encajar una nueva subida de la luz en agosto, del 3,2%.

AJUSTE EN LAS ELÉCTRICAS Además, los presupuestos del Estado inyectarán 900 millones al sistema (con cargo al 2014) y las empresas eléctricas asumirán un ajuste de 2.700 millones en sus ingresos regulados de este año. Todo ello debe permitir taponar el déficit de 4.500 millones que, de otro modo, se habría vuelto a generar en el 2013.

En el real decreto publicado ayer el Gobierno justifica este primer paquete de medidas urgentes ante la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y de acometer una revisión del marco regulatorio que permita su adaptación a la coyuntura económica.

Tras la aprobación del real decreto, el Gobierno presentará un proyecto de ley para acometer las reformas de fondo.