El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha criticado este martes las numerosas "actuaciones y comportamientos anticompetitivos" que tienen su origen en leyes dictacas por alguna administración y que, en la práctica, se traducen en precios más caros para los consumidores.
"Numerosas regulaciones han creado barreras de entrada en diferentes mercados, resultando ello en precios más altos para los consumidores de los que habría en ausencia de dichas trabas" ha dicho Marín Quemada durante su comparencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para presentar el Plan Estratégico de actuación que ha elaborado el organismo.
"Mucho que desear"
"Desde el punto de vista de la competencia, algunas regulaciones elaboradas por distintas administraciones dejan mucho que desear", se ha quejado el presidente de la CNMC. "En otras ocasiones, las propias administraciones, con el fin de paliar su falta de medios, deciden apoyarse en colectivos o en entidades concretas, limitando de este modo la competencia y de nuevo, dando lugar a precios más elevados para los usuarios de determinados servicios", ha abundado.
Por todo ello, Marín Quemada ha subrayado que "el contacto entre la CNMC y las administraciones es fundamental para que en el proceso de elaboración de normas y también en la práctica diaria, se tengan en cuenta los efectos de las regulaciones sobre la competencia en el mercado".
Unidad de mercado
La nueva Ley de Unidad de Mercado (de diciembre pasado) ha atribuido a la CNMC la facultad de presentar recursos contencioso administrativos contra actos o disposiciones de cualquier autoridad pública que limiten la libertad de establecimiento o ciculación. Según Marín Quemada, el organismo ya se ha pronunciado sobre ocho conflictos sobre unidad de mercado.
En los siete meses de andadura del nuevo organismo, la CNMC ha adoptado un total de 995 acuerdos o resoluciones sobre diferentes cuestiones. En torno al 27% de estos asuntos corresponden al área de competencia y promoción de la competencia (sobre todo, lucha contra cárteles); el 48%, a energía; el 20% a telecomunicaciones y audiovisual y el 5% a transporte y sector postal.
