Tras 63 años de monopolio, la estructura actual de Renfe cambiará sustancialmente a partir del 1 de enero cuando entre en vigor la Ley del Sector Ferroviario. La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez dió ayer el pistoletazo de salida para la separación definitiva de la compañía pública en dos empresas: Renfe Operaciones, de la que dependerá la explotación del servicio de transporte y una nueva sociedad que gestionará la infraestructura férrea.
La ministra de Fomento presentó ayer este nuevo diseño del trasporte por tren que se ciñe a las exigencias comunitarias sobre la liberalización de los antiguos monopolios ferroviarios en la Unión Europea.
Un nuevo ente público, cuyo nombre se conocerá a principios del año próximo, se encargará de la gestión de los 12.828 kilómetros de vías, las nuevas construcciones y absorberá la actividad que hasta ahora ejercía el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) sobre la línea de Alta Velocidad (AVE).
ADIF Esta empresa, que provisionalmente se llama Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), contará también entre sus activos con las estaciones de la antigua Renfe, las terminales de carga, la red de fibra óptica y dispondrá de la mitad de la plantilla, unos 15.000 trabajadores.
Por otro lado, estará Renfe Operadora, una empresa que dispondrá de los 10.000 trenes que explota actualmente la compañía pública, los talleres de mantenimiento y los otros 15.000 trabajadores en plantilla. Se dedicará a comercializar los servicios de mercancías, del AVE, de las grandes líneas, los regionales y los cercanías.
La nueva compañía competirá, en igualdad de condiciones, con los operadores que surjan a partir del próximo año en lo que respecta al transporte de mercancías y, si la UE lo autoriza en el 2008, también de pasajeros. Renfe optará, como el resto de los operadores por los surcos de vía, o líneas de ferrocarril, que Adif tiene la obligación de distribuir.
La nueva Renfe no sólo va a cambiar su imagen, para lo que ha destinado 180.000 euros sino que, además, invertirá durante cuatro años 2.500 millones de euros en la compra de trenes, 811,4 millones el próximo año.
La ministra descartó ayer que esta división suponga la privatización de Renfe y aclaró que una cosa es la apertura de la red a nuevos competidores y otra la entrada de capital privado en el ente público.
Este nuevo modelo ferroviario ha sufrido un retraso desde que se anunció para el pasado 18 de mayo. Alvarez dijo que era necesario resolver muchos detalles que podían poner en peligro el ferrocarril español. Pero en este momento ya están terminados los estatutos de cada una de las dos empresas y el nuevo reglamento que desarrollará la ley.
