Que la declaración de interés autonómico del outlet de Pikolín generó discrepancias entre PSOE y CHA en el seno del Gobierno de Aragón es obvio, sobre todo después de que los nacionalistas mostraran en el Ayuntamiento de Zaragoza su rechazo al proyecto. y que estas motivaran que se convirtiera en la única de la legislatura que se aprueba por silencio administrativo, lo explica todo. Pero ayer el presidente nacionalista y actual consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, decidió desentenderse de cómo se tramitó, pese a lo inusual que es que se apruebe por silencio administrativo afirmativo. Porque, dijo, no le compete. Y eludió pronunciarse sobre si está conforme o le parece bien: «Lo que opine es irrelevante».
Fuentes de su partido admitieron a este diario el malestar que supuso el impulso de los socialistas a este interés autonómico y que esto originó que la decisión se aprobara por inercia, sin pronunciamiento expreso de la Consejería de Economía y, sobre todo, sin pasar por el Consejo de Gobierno. Una circunstancia que, además, explica que no obtuviera ninguna publicidad, ya que no está obligado a publicarlo en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y, así, pasó inadvertida para el ciudadano hasta ahora, diez meses después y a raíz de la noticia publicada ayer por EL PERIÓDICO. Y que se dio por la puerta de atrás y de tapadillo.
«ABSOLUTA NORMALIDAD»
Las fuentes oficiales de la DGA insistieron en que se tramitó la solicitud de Iberebro «con absoluta normalidad» y sin tensiones entre PSOE y CHA y que hoy ya no queda ni rastro de aquellas supuestas diferencias. No era una cuestión política, sino técnica, afirmaron.
Soro defendió que permitir la instalación del outlet en Pikolín era una decisión «estrictamente municipal» y que la decisión de cómo se tramitó la declaración de interés autonómico le compete a Marta Gastón, consejera de Economía. Y añadió que «solo implicaba una reducción de plazos» y que su departamento «no ha tenido nada que ver», pero que «seguro que no hay nada raro». «No tengo ni idea de lo que ha pasado», añadió.
Pero el presidente Javier Lambán tendrá que dar explicaciones en sede parlamentaria. Maru Díaz y Patricia Luquin, diputadas de Podemos e IU, respectivamente, anunciaron que van a solicitar su comparecencia en las Cortes para preguntarle por «el oscurantismo para declarar bien de interés autonómico un proyecto que pone en riesgo el tejido comercial de la provincia», manifestó la portavoz de la formación morada.
Luquin lamentó la «falta de transparencia» del Ejecutivo porque, recordó, en enero le preguntó al consejero de Presidencia Vicente Guillén sobre si pensaba aprobar esa declaración y «su respuesta fue, literalmente, que el Consejo de Gobierno no se iba a pronunciar». Pero hacia un mes que se había aprobado. Y no mintió, pero lo ocultó.
