El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, tiene a punto una orden que pondrá fin a uno de los coletazos de la reforma laboral que aprobó el PP en el 2001. El Gobierno dará marcha atrás en los planes de empleo locales y subvencionará todo el coste de los contratos que realizan los ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro.
El objetivo de la modificación es no desperdiciar un 80% de los recursos disponibles que no se gastaban porque los ayuntamientos no asumían los costes.
Caldera justifica el cambio por los "efectos no deseados" que provocó la reforma laboral del PP respecto a los contratos de inserción, destinados a los parados con más dificultades para encontrar empleo. "La baja financiación que este tipo de contratos lleva aparejada está produciendo una inhibición importante de las entidades colaboradoras a la hora de participar en los planes de empleo", se afirma en la orden ministerial.
Con el sistema del anterior Ejecutivo vigente hasta ahora, el Inem sólo pagaba la base mínima de cotización a la Seguridad Social y las entidades locales y sin ánimo de lucro debían sufragar la diferencia hasta el sueldo del convenio colectivo correspondiente.
La orden ministerial exime a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la obligación de formalizar contratos de inserción, por lo que abre la puerta a modalidades como la de obra o servicio. Asimismo, el ministerio establece la subvención total del salario y las cotizaciones entre módulos, que van de 1,5 a 3 veces el salario mínimo interprofesional.
MAS FLEXIBILIDAD Otra de las novedades será la flexibilización de los plazos de solicitud de las ayudas y la eliminación de la cláusula que impedía a un empleado contratado optar de nuevo a estos programas tras haber participado en ellos durante un máximo de nueve meses.
El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, informó de la reforma a los responsables autonómicos de ocupación reunidos en Barcelona la semana anterior.
CAPITALIZACION DEL DESEMPLEO Por otra parte, un total de 1.369 parados optó por la capitalización del desempleo para crear su empresa en la comunidad autónoma aragonesa en el año 2003, dentro de los 31.119 parados que a nivel nacional optó por esta opción, según datos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) recogidos por Europa Press .
Por sexo, en el país, el 51,3% de los parados que capitalizó el desempleo y se hizo autónomo en 2003 fueron hombres, frente al 48,7% de mujeres. Por comunidades, destacan los casos de Andalucía, donde 5.072 desempleados crearon su negocio, y Madrid con 4.232 nuevos autónomos gracias a la capitalización. Les siguen la Comunidad Valenciana con 3.797, Galicia (2.645), Castilla y León (2.614). En los últimos lugares se situaron Canarias (809), País Vasco (622), Cantabria (591), Baleares (560), Navarra (373), La Rioja (342), y Ceuta y Melilla (124).
Un informe de las Cámaras de Comercio recoge que el 57% de los españoles prefiere ser empresario a trabajar como asalariado, cerca del 60% de la opción de EEUU. En la media europea, sin embargo, sólo el 37% preferiría gestionar su propio negocio.
