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El futuro de las prestaciones públicas

Trabajo quiere retrasar la edad real de la jubilación

Pretende que en el 2048 el retiro efectivo sea un año más tarde. Granado propone buscar «fórmulas más flexibles» que las vigentes

 

Una reciente manifestación de jubilados en Valencia. - MIGUEL LORENZO

Octavio Granado. - MIGUEL LORENZO

ROSA MARÍA SÁNCHEZ eparagon@elperiodico.com MADRID
12/01/2019

El Ministerio de Trabajo coincide con la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de adoptar medidas que permitan retrasar la edad efectiva de jubilación (actualmente en 62,7 años) para que se acerque progresivamente a la edad legal (65 años y 8 meses en el 2019). En concreto, la Airef plantea que se adopten medidas para conseguir «retrasar la edad efectiva de jubilación un año».

Si se mantiene la situación actual, en el 2027 se prevé que la edad real de jubilación se sitúe en los 64,5 años frente a una edad legal que entonces será de 67 años, tal como está previsto en el actrual sistema de pensiones. Según la Airef, es necesario empezar a adoptar medidas ahora para que en el 2048, la edad efectiva aumente hasta los 65,5 años, ya que ello permitiría una contención del gasto en pensiones de entre 0,4 y 1,2 puntos de PIB en el 2048, así como una ligera mejora de la prestación.

Con carácter general, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, calificó ayer de «razonables y muy moderadas» las propuestas formuladas por la Airef en su informe, difundidas el pasado miércoles. «Es necesario seguir aumentando la edad real de jubilación», manifestó Granado en un encuentro con medios de comunicación.

Para evitar malentenedidos, el secretario general de Seguridad Social descartó elevar la edad legal de jubilación, que en la actualidad se sitúa en 65 años y 8 meses, y que aumentará progresivamente hasta alcanzar los 67 años a partir del 2027. «Tenemos que conseguir que se retrase la edad real, buscando fórmulas más flexibles» para que se logre este objetivo, según Granado.

El Ejecutivo es partidario de modificar los requisitos de acceso a la pensión, permitiendo, por ejemplo, una jubilación anticipada cofinanciada, es decir, que se aplicaría en aquellos colectivos que acuerden aplicar unas mayores cotizaciones. El objetivo sería compensar una jubilación más extensa, por el hecho de haber accedido a ella antes de la edad legal, con unas mayores cotizaciones previas.

Granado aprovechó las propuestas de la Airef para reforzar con ellas algunas medidas que el Ejecutivo ya había barajado en otros ámbitos. Así, el Gobierno es partidario de extender el periodo de cómputo de años de vida laboral para el cálculo de las pensiones, pasando de los 25 años actuales a los 35, y considera que no debería producir efectos negativos ni para los pensionistas, ni para el sistema.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha enviado a la Airef un documento en el que da respuesta a las propuestas del organismo independiente sobre posibles medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Ejecutivo considera que de los 18.000 millones de déficit que tiene la Seguridad Social, hay una parte que se debe a elementos coyunturales, entre los que cita el descenso de los ingresos del sistema derivado del empeoramiento de los salarios, el aumento de las bonificaciones y de las reducciones de cotización, así como a las menores aportaciones de los cotizantes desempleados, derivadas de cambios normativos de los últimos años.

Otras medidas, que deberán debatirse en las mesas del diálogo social y el Pacto de Toledo, irán destinadas a eliminar normas vigentes «inexplicables o a punto de extinguirse en su actual formulación», como el de la jubilación parcial que acaban obligando de hecho a muchas personas a jubilarse antes de tiempo porque en caso contrario acaban penalizadas en su pensión.

Respecto a una inyección financiera al sistema de protección social por parte del Estado, el Ejecutivo se compromete a estudiar, en todos los marcos previstos de diálogo, qué gastos se pueden financiar con cotizaciones o con impuestos. El Gobierno considera que las reformas deberán afectar también a otras prestaciones como incapacidad o viudedad.