La organización agraria UAGA-COAG ha criticado las normas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para las explotaciones cunícolas, ya que en su opinión, "es tan exigente y complicada que va a suponer un coste más alto y numerosas dificultades a los cunicultores".

El decreto en cuestión recoge las condiciones sobre ubicación, registro, infraestructuras y prácticas ganaderas que deberán llevar a cabo las explotaciones dedicadas a la cría de conejos, y su objetivo es establecer unas normas de ordenación. Los cunicultores tienen un plazo de 18 meses para adaptarse a esta nueva normativa, y así cercar las explotaciones, disponer de sistemas efectivos que protejan a los conejos del contacto con insectos, contar con un vado sanitario que posibilite la desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos y del calzado de los operarios y visitantes, así como de otros elementos protectores, como un espacio para animales enfermos y un programa sanitario básico.

UAGA-COAG considera que la nueva obligación de identificación de los animales reproductores "es la más costosa económicamente ya que cada animal debe llevar un crotal o tatuaje con su número".

Desde la organización agraria señalan que "teniendo en cuenta que el número de animales por explotación, en general, es muy alto y la tasa de reposición elevada, esto supondrá una pérdida de renta para el granjero por el coste económico y de mano de obra que conlleva".

Aragón ocupa, tras Cataluña, el segundo puesto en cuanto a número de granjas de conejos (652 centros), y el tercero en cuanto a número de plazas. La producción de las granjas aragonesas supera los siete millones de conejos cebados, la mayoría de los cuales (70%) se sacrifican en alguno de los ocho mataderos existentes en la comunidad, mientras que el resto procede de la comercialización con las comunidades vecinas.