La supresión del canon digital fue una causa popular entre determinada comunidad de agitadores en la red, pero esta decisión --"la primera reforma del PP, con resultados nefastos", lamenta el editor Daniel Fernández-- ha tenido un impacto duro sobre los autores y nulo sobre los consumidores. Las empresas que producían dispositivos capaces de copiar textos (escáneres y fotocopiadoras) pagaron un canon que permitió a la entidad de gestión Cedro repartir a los autores 30 millones de euros en el año 2007. Después de que amenazasen con deslocalizar su actividad, el Gobierno asumió el pago de esta compensación a cargo de los Presupuestos: pero la redujo a 2 millones en el 2013, y el reparto quedó en cero. "Este sistema estrambótico solo existe en España, y solo beneficia a las empresas tecnológicas que han rebajado sus costes sin rebajar en un euro por ello sus precios, justo cuando cada vez se copia más", lamenta la directora general de Cedro, Magdalena Vinent.
