Podría dar la falsa sensación de que el miedo al covid-19 ha frenado la llegada de migrantes a las costas. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia un frenazo informativo que responde a otros motivos: las trabas que las autoridades españolas están poniendo a la labor de los reporteros gráficos.
Desde que España y la Unión Europea pagan a Marruecos para que intensifique el control migratorio, y desde que los barcos de Salvamento Marítimo apenas se adentran en aguas marroquíes, cada vez son menos las pateras que cruzan el estrecho de Gibraltar o el mar de Alborán. Las travesías se están derivando hacia las islas Canarias, una ruta mucho más peligrosa y mortífera, en la que ya hubo centenares de muertes hace más de una década.
Solo que, ahora, las autoridades locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están dificultando el trabajo de los periodistas gráficos que cubren esta ruta, y hacen casi imposible retratar cómo, dónde y en qué estado llegan los pasajeros. Fue lo que le ocurrió el pasado 21 de agosto en el puerto de Arinaga (Las Palmas) al fotógrafo Emilio Morenatti, responsable editorial para España y Portugal de Associated Press (AP), enviado por la agencia para hacer un reportaje sobre los flujos migratorios en las islas.
“En la delegación del Gobierno, se pasaron el día dilatando una respuesta clara a nuestras preguntas sobre el lugar y la hora en que remolcarían el cayuco”, explica Morenatti, “hasta que trasladaron la embarcación a un lugar muy lejano a nuestra posición, ya de noche”.
El fotógrafo compartió en su cuenta de Twitter una imagen en la que se aprecia la enorme distancia hasta el muelle donde fue remolcado el cayuco. Exactamente, 888 metros, según Ángel Medina, colaborador local de la agencia EFE. “Es la primera vez que se impide fotografiar de forma tan contundente. Creo que es porque había fallecidos y porque la semana anterior hubo disturbios importantes en un pueblo cercano por la llegada de migrantes en cuarentena debido al coronavirus”, opina Medina.
Acto seguido, Emilio Morenatti se desplazó, junto a un equipo de RTVE, a un rompeolas con mejor visibilidad. Fueron desalojados por la Policía. “Los agentes nos dijeron que el juez había ordenado que abandonásemos el lugar”, relata el fotógrafo de AP.
Las maniobras de la Delegación del Gobierno en Canarias para entorpecer la cobertura gráfica son similares a las usadas hace años en los puertos andaluces: evitar dar datos concisos, elegir lugares de difícil acceso, esperar a que no haya luz para complicar la toma de imágenes, apostar a los periodistas en lugares con poca o nula visibilidad o colocar obstáculos físicos en el tiro de cámara, a las que ahora se agregan supuestos protocolos de seguridad por el covid-19.
Los fotoperiodistas consultados por RSF especulan con los motivos. ¿No quieren que las imágenes alimenten la propaganda xenófoba? ¿La izquierda oculta cómo está reduciendo la llegada de migrantes, a costa de derivarlos a rutas más mortíferas? Sea como sea, no interesa que se informe mucho y bien sobre migración. “Ojos que no ven, corazón que no siente”, resume el fotoperiodista y premio Pulitzer Javier Bauluz.
