El cordón sanitario que Albert Rivera impuso a Pedro Sánchez parece cada vez más sólido, más difícil de cortar. Tras las dimisiones de varios dirigentes y miembros fundadores de Ciudadanos por la deriva que estaba adquiriendo el partido, el presidente de los naranjas fue ayer un paso más allá. Ante el Consejo General del partido, ordenó cambios en la ejecutiva: aumentar el número de personas afines a él y sacar de la cúpula a aquellos que pusieron en duda su estrategia de vetar al presidente del Gobierno en funciones. Todo apunta a que el líder liberal busca rodearse de leales para hacer frente a lo que, se prevé, sean dos meses de presiones múltiples para que Cs se abstenga en la investidura del secretario general del PSOE, facilitando un Gobierno monocolor socialista.
A las puertas de agosto, y a menos de dos meses de que termine el plazo para elegir un presidente, Rivera puso encima de la mesa un cambio en los estatutos para ampliar la cúpula de la formación a 50 miembros y poder forzar 22 nuevas incorporaciones. «Pararse, reorganizarse, coger músculo y crecer». Así defendió el líder naranja los cambios que, entre otras cosas, conllevaron la entrada de Lorena Roldán, recién elegida candidata de Cs a la presidencia de la Generalitat de Cataluña y portavoz nacional en ausencia de Inés Arrimadas, y el cese de cinco dirigentes, alguno de ellos críticos con el nuevo rumbo.
EL ‘PLAN SÁNCHEZ’
«Queremos gobernar España y desmontar el plan Sánchez, que es lo mismo», anunció Rivera. Para ese objetivo resulta imprescindible no facilitar en ningún caso cuatro años más de socialismo en la Moncloa y mantener el no a Sánchez. Por eso, argumentó, quiere contar con «un equipo con gente preparada, con gente leal al proyecto de Ciudadanos y de España, de gente diversa que como un gran río acaba desembocando en el mismo afluente».
BAILE DE NOMBRES
Entre los nuevos perfiles que pasan a engrosar la cúpula estatal naranja, Rivera destacó los nombres del exsocialista Joan Mesquida -antiguo director de la Policía y la Guardia Civil- y de los expresidentes populares de Baleares y de la Comunidad de Madrid, José Ramón Bauzá y Ángel Garrido, respectivamente. Políticos ya curtidos que abandonaron sus formaciones para alistarse en las filas liberales.
Además, el nuevo proyecto del presidente de Ciudadanos también sitúa en primera fila a Edmundo Bal, abogado del Estado, que llevó el caso del procés ante el Tribunal Supremo, en un momento inicial, y Sara Giménez, abogada de etnia gitana.
Aunque el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, negaba tajantemente hace unas semanas que esta reforma fuera a conllevar algún cese, lo cierto es que los 22 nuevos nombres que ocuparán un asiento en la dirección del partido trajeron aparejados cinco destituciones. En concreto, las de Fernando Maura, Orlena de Miguel, Antonio Espinosa, Matías Alonso y Raquel Morales.
Todos ellos son dirigentes que, aunque cada vez menos vinculados a la toma de decisiones en el partido, habían mostrado reticencias a la hora de bloquear la investidura de Sánchez. En este sentido, Maura completó junto a Luis Garicano, Javier Nart y Francisco Igea el cuarteto de mandos de Cs que se posicionaron en contra de mantener el veto al presidente en funciones. Un debate en el que De Miguel se abstuvo, junto a otros dos compañeros de la ejecutiva.
