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Casado tomará el control de Cataluña con o sin 155

El popular avisa de que los Mossos obedecerán a Policía y Guardia Civil

 

G. Robles / M. Á. Rodríguez
02/04/2019

El PP no ha difundido aún su programa electoral. Tampoco sus líneas maestras, como sí ha hecho el PSOE. Pero su aspirante a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, trufa de vez en cuando sus intervenciones públicas con el adelanto de la que considera algunas de sus medidas estrellas. Casado se refirió ayer en un desayuno informativo a su proyecto para Cataluña y avisó de que, sin renunciar a su aspiración de un férreo despliegue del 155, ya está preparando un plan alternativo para poder intervenir de facto la Generalitat sin necesidad de utilizar dicho artículo constitucional, por si se diera la circunstancia de que obtiene en el Congreso, el 28-A, mayoría para gobernar de la mano de Cs y de Vox pero no sucede lo mismo en el Senado.

Un Gobierno puede iniciar los trámites para activar el 155 aprobando en Consejo de ministros un requerimiento a un presidente autonómico en cuestión, pero necesita después mayoría absoluta en la Cámara Alta para poder tomar las riendas de una Administración territorial a través de la Carta Magna. Cada vez son más las encuestas que ponen en duda que Casado logre ser presidente con la ayuda de una coalición de centro-derecha y, además, prácticamente todos los sondeos descartan que ese bloque reúna los senadores suficientes para una operación de este calado. En este contexto, el líder del PP apunta ya al posible uso de la ley de Seguridad Nacional y de la ley de Seguridad Ciudadana para cambiar, entre otras cosas, la dependencia jerárquica de cuerpos como el de los Mossos d’Esquadra o la Ertzantza respecto a Policía Nacional y Guardia Civil, que según los populares deben poder dar órdenes a las fuerzas de seguridad autonómicas.

En ese plan B de Casado hay más medidas que sobrepasan la cuestión policial y de seguridad. A su juicio, se debe tomar también el control de TV3 para garantizar su imparcialidad y de la Educación. Sobre esta última parcela pivota su propuesta de aprobar una Ley de Lenguas que subraye el castellano como lengua vehicular y suprima cualquier «discriminación» por no hablar catalán, gallego o euskera.