La Abogacía ha criticado hoy la reducción por cuarto año consecutivo de la inversión pública en justicia gratuita, con un 4% menos que el pasado año, que representa un acumulado del 16 por ciento desde 2009.
Este descenso continuado es uno de los datos más relevantes del octavo informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la editorial La Ley, que ha sido presentado esta mañana en Madrid.
La inversión destinada en 2013 alcanzó los 223,5 millones de euros, lo que supone casi un 4% menos que en 2012, un dato que ratifica el descenso por cuarto año consecutivo en los costes de justicia gratuita.
Desde 2009, con una inversión de 266,6 millones, la asignación se ha reducido en más de 43 millones de euros, lo que representa una bajada del 16%.
Igual que en años anteriores, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor inversión en esta materia con más de 54 millones de euros, seguida de Andalucía con 36,7 millones y la Comunidad de Madrid con 31,3 millones. Las tres acaparan más del 55% del gasto.
Las solicitudes alcanzaron las 951.000, lo que supone un incremento del 18%, que el informe asocia al pago de las tasas judiciales. Nueve de cada diez peticiones fueron aceptadas.
Un total de 42.500 letrados conforman el turno de oficio, lo que representa un aumento de casi el 9% con respecto a 2012.
El cobro de las actuaciones, su cuantía y los retrasos en su percepción siguen constituyen los principales problemas para tres de cada cuatro de los abogados del turno de oficio, según una encuesta realizada por Metroscopia y que incluye el informe presentado hoy.
Otro de los datos destacados es el de 1.770.000 asuntos de asistencia jurídica gratuita que se tramitaron en 2013, de los cuales el 23% correspondieron a Andalucía (396.000 expedientes) por delante de Cataluña con un 18% (321.000).
El turno de oficio gestionó 1.046.000 asuntos, casi el 59% del total, mientras que 667.000 corresponden al servicio de asistencia letrada al detenido (37,6%) y 61.000 al de violencia de género (3,5%).
Por otra parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha rechazado la reforma de la Justicia Gratuita impulsada por el Gobierno por hacerse "en contra de los ciudadanos y a espaldas de los abogados".
"En una Administración de Justicia tan contestada es esperpéntico que no se pregunte a los abogados cómo debe ser la futura ley", ha añadido.
La Abogacía ha trasladado también al Ministerio de Justicia las propuestas elaboradas por un comité de expertos en relación al proyecto de ley de Justicia Gratuita del que cuestionan la viabilidad económica.
