En competencia entre sí por enarbolar el banderín del 155, Ciudadanos y PP no han convencido en su estrategia desplegada en las Cortes para retratarse antes del Consejo de Ministros en Barcelona. En el Congreso fracasó la iniciativa presentada por los liberales, y en el Senado el PP rebotó contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que confía en un 21-D en calma.

En las agendas de ambas cámaras coincidieron una proposición no de ley ( Ciudadanos en el Congreso) para que se envíe a la Generalitat el preceptivo requerimiento previo a la aplicación del 155, y una interpelación (PP en el Senado) al Gobierno para que dicte un Real Decreto que declare que en Cataluña «existe una situación de interés para la seguridad nacional».

Albert Rivera, defendiendo el 155, hizo responsable al Gobierno de España «si este viernes hay una desgracia, si se cortan carreteras, si no se puede reunir el Consejo de Ministros… Porque ya sabemos que el señor Torra no respeta la democracia, pero ustedes deben hacerla respetar».

Rivera hizo una advertencia a los socialistas: condiciona posibles futuros diálogos a que el Gobierno Sánchez aplique un 155 total o parcial en Cataluña: «Si hoy tocan el botón rojo, si votan en contra de aplicar el 155, van a romper todos los puentes para un futuro», les advirtió.

Y los socialistas hicieron oídos sordos a la amenaza. «No hay hechos jurídicos que justifiquen la aplicación del 155. Ustedes con su propuesta banalizan el 155», dijo el diputado del PSC José Zaragoza, que acusó a los naranjas de «atizar el conflicto y sacar réditos electorales. Son ustedes unos pirómanos».

El Grupo Popular apoyó «la destitución del Gobierno de la Generalitat» porque «nos amenaza con un conflicto civil», opinó el diputado tarraconense Jordi Roca, tras acusar al Govern de «abrirle las puertas a ETA», hacerse «selfies con etarras» y permitir «que se hagan listas de jueces, se arroje estiércol en los juzgados, se corten carreteras y se agreda a quien piensa diferente o lleve una bandera de España».

El PP llevó la cuestión catalana a la Cámara Alta a través de una interpelación al ministro del Interior, Grande-Marlaska, sobre las medidas de seguridad que el Gobierno va a adoptar durante el próximo 21-D. «Tranquilidad» y «confianza plena en la profesionalidad de los mossos d’Esquadra» fue la respuesta del ministro, que acusó a la senadora del PP Clara San Damián de «hacer propaganda» con en su discurso sobre Cataluña.

El ministro fue claro: «El Gobierno de España, el día 21 de diciembre, no será ni un Gobierno secuestrado ni un Gobierno invasor».