La Guardia Civil detuvo ayer a otras dos personas, una de ellas menor de edad, acusadas de haber transportado a Madrid el explosivo utilizado en el 11-M y que fue robado en una mina de Asturias. El magistrado Juan del Olmo comenzó ayer a interrogar a las otras ocho personas detenidas en relación con esta trama.

La Guardia Civil se negó a facilitar la identidad del menor. El otro arrestado es Sergio Alvarez, de 23 años, empleado de un centro comercial de Castrillón (Asturias).

A la hora de cerrar esta edición, el juez continuaba interrogando a los 8 detenidos en Asturias -- 6 de ellos trabajadores de la mina Conchita--. El primero en comparecer fue Antonio Toro, cuñado del exminero José Emilio Suárez Trashorras, en prisión como coautor de los atentados del 11-M desde el pasado 18 de marzo y confidente de la policía. El juez le interrogó por espacio de dos horas y acordó prolongar su detención 72 horas. Toro ya fue detenido por estos hechos el pasado 27 de marzo, pero quedó en libertad, a pesar de haber puesto en contacto a los terroristas islamistas con los explosivos.

CONTACTOS TELEFONICOS Después compareció Carmen Toro, la esposa del exminero, que declaró durante tres horas. Esta mujer mantuvo contactos telefónicos con varios de los terroristas que se suicidaron en Leganés el pasado 3 de abril. A la hora de cerrar esta edición, el magistrado interrogaba a Javier González Díaz, el Dinamita , acusado de robar el explosivo y traficar con drogas.

Por otra parte, el Gobierno realizará una campaña publicitaria para que los heridos de los atentados del 11-M se inscriban en un censo del Ministerio del Interior y reclamen las indemnizaciones que les corresponden. Así lo anunciaron ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, José Antonio Alonso, tras una reunión de coordinación en el palacio de La Moncloa, en la que también participaron los ministros de Trabajo, Jesús Caldera, y de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

El Gobierno sólo tiene constancia, hasta el momento, de 452 heridos en los atentados y quiere que todos los lesionados --más de 1.500-- se inscriban en un censo para recibir las ayudas correspondientes. "Muchos de ellos no lo han hecho todavía --dijo la vicepresidenta-- porque se encuentran de baja por incapacidad laboral transitoria".

INDEMNIZACIONES La decisión de los ministros reunidos en La Moncloa es que tanto los familiares de los 191 fallecidos como los más de 1.500 heridos se inscriban en la oficina de atención a las víctimas instalada por el Ministerio del Interior para que sea ese organismo el que coordine las ayudas. Los subsecretarios de los departamentos afectados mantendrán reuniones de coordinación cada 15 días.

Interior ya ha cursado 189 expedientes de familiares de fallecidos en la masacre de Madrid para que reciban la indemnización ordinaria con cargo a los presupuestos del Estado. La ayuda mínima es de 130 mensualidades por fallecido que, según el salario mínimo interprofesional, representa 58.965 euros, aunque la media se sitúa en torno a 100.000 euros. "Nos faltan dos expedientes de fallecidos que nadie ha reclamado", dijo el ministro.