La ministra saliente de Justicia, Dolores Delgado, será propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como nueva fiscala general del Estado, según adelantó la Ser y ha confirmado este diario. Sustituirá en el cargo a María José Segarra, que no logró que los fiscales del 'procés' rebajaran su acusación de rebelión a sedición.
Delgado, fiscala de carrera, se despidió el viernes de su anterior puesto destacando que "durante su mandato, la Abogacía del Estado ganó el juicio del 'procés'", pues a su llegada los servicios jurídicos del Estado cambiaron de criterio y acusaron a los líderes independentistas por sedición y no por rebelión, lo que motivó que el que había sido responsable de Penal en ese cuerpo durante 16 años, Edmundo Bal, fuera relegado de sus funciones.
Uno de los asuntos que más se le ha criticado a Segarra durante su gestión al frente de la carrera fiscal ha sido, precisamente, que no lograra el cambio de posición de los cuatro fiscales de Sala del Supremo que representaron al ministerio público en el juicio contra los líderes independentistas, circunstancia que se interpretó en que ella era de una categoría fiscal inferior.
El nombramiento de Delgado supone la primera vez que una ministra de Justicia, que, además, resultó elegida diputada en las últimas elecciones, pasa a ser fiscal general de forma automática, algo que es difícil de entender teniendo en cuenta que el estatuto fiscal intenta proteger la autonomía de la carrera respecto al Gobierno que le nombra. Sí hay un antecedente de ministro que asume esta responsabilidad: Javier Moscoso pasó del Ministerio de Presidencia a la Fiscalía General del Estado durante el segundo gobierno de Felipe González. Como Delgado, también él tuvo que dejar el escaño.
ERROR EN CAMPAÑA
Durante la última campaña, un error por el que Sánchez tuvo que disculparse, fue el dar a entender que el Gobierno controlaba a la fiscalía, al igual que hacía con la Abogacía del Estado. El nombramiento de Delgado, recién llegada de la cartera de Justicia, ha causado sorpresa en el ministerio público donde no se recuerda una situación similar, que sea tan difícil de compatibilizar con la autonomía de actuación fiscal.
Desde el PP, las críticas no han tardado en llegar. Teodoro García Egea ha dicho en Twitter que los presos de Lledoners, en referencia a los líderes condenados del 'procés', "ya respiran tranquilos".
En cualquier caso, la ministra no tiene por qué encontrar los problemas que tuvo su antecesora con el 'procés', donde el grueso de las decisiones a adoptar ya no corresponderá a los fiscales de la máxima categoría, sino a los de Cataluña, encargados de la ejecución de la sentencia del 'procés'.
OTROS "LOGROS"
En su despedida del Ministerio de Justicia, el equipo de Delgado también subrayó que bajo su dirección "se instruyó todo el expediente para la exhumación de Franco del que tuvo que dar fe como notaria mayor del Reino", lo que le supuso quedar inmortalizada en todas las imágenes grabadas ese día histórico.
Además, también participó en las celebraciones realizadas a lo largo de todo el 2019 del 80º aniversario del exilio republicano español "dando un impulso decidido a las políticas de Memoria Democrática".
DIVISIÓN IDEOLÓGICA
Delgado siempre ha formado parte de la Unión Progresista de Fiscales. En Onda Cero su portavoz, Teresa Peramato, ha destacado su "altísima" preparación y su perfil, que reúne, en su opinión "todo los requisitos necesarios" para el puesto. "Tenemos que ser conscientes de la alta capacidad que tiene Delgado, que se adaptará perfectamente a cada una de las funciones en cada uno de los momentos en el papel que representa", añadió.
Respecto a la principal crítica que recibirá el nombramiento, Peramato ha destacado su "absoluta independencia" y adelantó su "voto de confianza" a que "va a actuar con total independencia, tal como dice el estatuto fiscal".
Desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, el nombramiento se ha tomado con mucho más recelo. Su portavoz Cristina Dexeus, ha afirmado que "después del estupor" que le ha causado la noticia, considera que es "una forma muy evidente y plástica de que quieren la fiscalía sometida al Gobierno". Añadió que ya existen dudas relacionados con que cargos políticos revelentes retornen a la carrera sin más.
No obstante, recordó que "hay mecanismos para que si un fiscal recibe una orden que no considera procedente o la considera ilegal, pueda oponerse a ella". Agregó que "habrá que ver qué orden se recibe y eso exige también una fortaleza por parte de quien tiene que oponerse a ella”.
