ETA ha cedido a la presión de sus colaboradores en la cárcel. Si hasta ahora la banda los forzaba a no reconocer la legitimidad de la justicia española, lo que llevaba a la Audiencia Nacional a imponerles la pena más alta de las posibles, desde hace algún tiempo les permite negociar la condena con el fiscal para así reducir su estancia en prisión. Esta situación se produce mientras dirigentes históricos de ETA expresan abiertamente su malestar con la dirección.
Fuentes penitenciarias aseguran que los acusados de colaborar con ETA son los primeros procesados por terrorismo que buscan salidas individualizadas, al margen del colectivo de presos etarras. Desde el pasado verano están aceptando la condena que para ellos solicita el fiscal, una práctica que antes era muy inusual. Las mismas fuentes vinculan esta actitud y la tolerancia de la cúpula etarra al creciente malestar de estos presos con la organización.
Para estos procesados, que se amparan en el precepto legal que les permite acordar la condena en su franja más baja, el fiscal solicita penas de tres a cinco años de cárcel, no el tope de diez que fija la ley.
Unos 30 procesados han buscado con esta maniobra una solución jurídica para recuperar lo antes posible la libertad. La organización terrorista permite esa táctica porque desea "salvar sus bases".
El desánimo cunde entre los presos de ETA. La prueba más evidente de esa incomodidad es la última carta conocida, firmada por el exjefe de ETA Francisco Múgica, Pakito , y otros seis etarras, todos ellos en prisión, y que escribieron el verano pasado. En la misiva reclamaban el abandono de las armas para permitir que la izquierda aberzale se haga con el protagonismo político, además de criticar que la cúpula de la organización les pidiera sacrificios sin tener a cambio una estrategia clara.
