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El Gobierno impulsa el alquiler para pactar con Podemos

Los morados admiten la existencia de «acuerdos puntuales» pero niegan un compromiso inminente. Ejecutivo se resiste a ir más lejos en Salario Mínimo Interprofesional y ayudas a la dependencia

 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en el Congreso. -

I. MÁRMOL / ROSA M. SÁNCHEZ
11/10/2018

Las negociaciones entre Gobierno y Podemos ayer se encarrilaron con reuniones maratonianas de las que ambas partes salieron con optimismo tras constatar «avances», aunque el acuerdo de Presupuestos sigue sin cerrarse. Las prisas son relativas: el pacto puede seguir tejiéndose hasta el lunes, cuando Pedro Sánchez tiene previsto presentar su plan a Bruselas, puesto que no es necesario que lo apruebe el Consejo de Ministros hoy. Los principales progresos se dieron en materia de vivienda, tras que el Ejecutivo haya asumido que debe promover medidas para pinchar la burbuja del alquiler, una de las reivindicaciones clave de los morados. Las expectativas de un encuentro entre el presidente y Pablo Iglesias siguen en el aire.

Podemos sale de las reuniones con la sensación de que el Ejecutivo ha cambiado su actitud tras el toque de atención de Iglesias, que este martes instó a Sánchez a «ceder» si quería seguir negociando. Admiten que se ha llegado a «acuerdos puntuales» pero niegan que esté ultimándose el pacto definitivo. Es una percepción en línea con la del Gobierno, aunque hay matices. La vicepresidenta, Carmen Calvo, afirmó que están «terminando un acuerdo». «Estamos mejor que ayer [por el martes] pero no es cierto que el pacto esté a punto de cerrarse», subrayan los podemistas. «Avanzamos, pero falta mucho», explican fuentes del equipo negociador morado.

La vicepresidenta concretó que en la reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se avanzó en medidas sobre vivienda, pensiones, dependencia, educación, violencia género y políticas de igualdad.

La propia titular de Hacienda abonó la sensación de optimismo al asegurar que habrá un acuerdo en «vivienda digna», para evitar a escalada de los precios del alquiler. Desde los pasillos del Congreso se mostró determinada a impulsar medidas para que no haya más abusos en determinadas ciudades de las que los ciudadanos tienen que marcharse por el encarecimiento del alquiler.

Montero aplaudió el trabajo que está haciendo el ministerio de Fomento para concretar algunas de las posibilidades que podrían incluirse en el acuerdo con Podemos. El departamento de José Luis Ábalos confirmó que están estudiando con Hacienda varias medidas, aunque no detalló cuáles de las propuestas de Iglesias pueden terminar plasmándose.

Los morados piden una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para dotar de competencias a los ayuntamientos en aras de que tengan la potestad de establecer límites a los precios del alquiler. También exigen un parque público de viviendas, alargar los contratos entre propietarios e inquilinos y establecer como máximo una fianza de dos meses. Algunas de estos planteamientos, como la reforma de la LAU, no implicarían mayor gasto al Ejecutivo.

LO COMPLICADO

Montero, «optimista», sugirió que tendrá cintura con medidas propuestas por Podemos que permitan al Gobierno mantener su compromiso de estabilidad presupuestaria con Bruselas. El optimismo es menor en cuanto a las posibilidades de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno considera que difícilmente se puede incrementar en el 2019 hasta mil euros, como pide Podemos, porque implicaría un aumento importante. Lo pactado por Mariano Rajoy con los agentes sociales, en diciembre del año pasado, es una subida de hasta 850 euros en el 2020, siempre vinculado a un crecimiento económico del 2,5% del PIB. El Ejecutivo sostiene que se podría llegar a los mil euros de forma progresiva, pero no el año que viene.

Tampoco parece haber avances sustantivos en la tercera gran reclamación de los morados, las ayudas a la dependencia. Hacienda está dispuesta a dotar esta partida con 415 millones y cifra el incremento respecto a la aportación actual en una subida del 30%. Al partido de Iglesias le parece insuficiente. Reclama 2.500 millones para que las ayudas lleguen a 300.000 afectados que no pueden recibir la prestación.