Teléfonos. Ventanillas. Pasillos. Oficinas. Papeleo. Tras sufrir el dolor de los atentados, las víctimas del 11-M tienen ahora que enfrentarse al calvario de la burocracia si quieren reclamar a la Administración lo que es suyo: indemnizaciones, papeles, pensiones, asistencia sanitaria o ayuda psicológica. Muchos de los damnificados ya tienen claro que lo mejor es armarse de paciencia. Hay que esperar.

Tres oficinas

Sólo para obtener las indemnizaciones es necesario visitar un mínimo de tres oficinas de tres administraciones. El Ministerio del Interior aporta 138.232 euros en caso de fallecimiento, la Comunidad de Madrid 20.496 y el consorcio de compensación de seguros 50.485 por el seguro de viajeros, incluido en el precio del billete de Renfe.

Si, además, el afectado era titular de algún seguro que incluía el riesgo de accidentes, tendrá también que reclamar por esa vía. Y lo mismo ocurre con las compensaciones de los heridos, que varían según la gravedad de las lesiones.

Al margen de las indemnizaciones, los afectados también tienen derecho a las pensiones de viudedad y orfandad, que también deben tramitar con la Seguridad Social. Pero no está nada claro quién tiene derecho a ellas. Las parejas de hecho no. La actual legislación lo impide. Pero las personas que el día del accidente no estaban afiliadas --todos los sin papeles , por ejemplo-- sí pueden cobrarlas, según la información de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El Ministerio del Interior, sin embargo, no ha confirmado este extremo.

El Ayuntamiento de Madrid abrió ayer también su oficina de atención a víctimas. El primer día los técnicos municipales atendieron a 60 personas. La mayoría eran inmigrantes, el colectivo con mayores dificultades para aclararse.

Muchos acudieron a la oficina pensando que allí solucionarían todos sus trámites. Sin embargo, el despacho tiene como objetivo informar. Es decir, los técnicos escuchan las demandas de los damnificados y les derivan hacia la institución competente. Sólo en algún caso --asistencia psicológica e indemnizaciones del Gobierno--, el papeleo es tramitado allí mismo.

Una de las testigos del caos burocrático fue Olimpia Conchigna, una ecuatoriana de 48 años que quiere obtener la nacionalidad española. Su hija Jenny, de 17 años, estaba en la estación de Atocha cuando estalló el tren. Desde entonces, no "oye bien y está angustiada". Madre e hija tienen permiso de residencia, pero quieren la nacionalidad. "Los políticos lo prometieron y por eso lo pedimos, pero me han dicho que tengo que esperar", explicó.

La semana pasada, Olimpia acudió a una de las comisarías de policía que tramita el papeleo tras el 11-M. "Allí rellené un papel con nuestros datos, pero también me dijeron que tenía que tener paciencia", dijo. Tanto en la oficina municipal como en la comisaría, Olimpia reclamó la nacionalidad para Marisa, su otra hija. Vano intento. "Me dijeron que no me molestara en dar sus datos --destacó-- porque ella no obtendrá la nacionalidad".

Olimpia, que está en paro, recordó que su hija sufre sordera tras el atentado y añadió que también quiere pedir una ayuda económica. "Ahora mismo no puedo pagar ni el alquiler de la casa, pero no tengo claro dónde tengo que reclamar la indemnización y tampoco sé si me la darán", dijo.

Asistencia psicológica

De momento, el trámite más rápido es el de la ayuda psicológica. Miriam Robles, una ecuatoriana de 30 años, sin papeles y madre de dos hijos, acudió a media mañana a la oficina municipal. En menos de una hora salió con el teléfono de un psicólogo con el que intentará pedir cita esta misma semana. Aunque no tiene claro que pueda hacerlo. "Empiezo a trabajar mañana hoy para el lector en una casa y mi horario será de doce horas al día", comentó. Miriam, que sufre una fuerte contusión en la espalda, no sabe si pedirá la regularización. "Me quiero ir a mi país", afirmó.