La Audiencia de Barcelona había citado a una vista ayer al exdiputado de CiU Oriol Pujol para escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa antes de decidir si ordena su ingreso en prisión por el caso ITV. El exdiputado de CiU, condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales, solicitó a la jueza que se le suspenda el ingreso en prisión a cambio de cumplir la pena con trabajos en beneficio de la comunidad.
En la actualidad, el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ejerciendo como voluntario en comedores sociales de las fundaciones Gregal y Pare Manel. La decisión de la jueza no se conocerá hasta enero.
El fiscal había solicitado el ingreso en prisión inmediato. El exsecretario general de CDC fue condenado a prisión el pasado julio por el intento de amaño en la adjudicación de estaciones de ITV y por cobrar comisiones ilegales para favorecer a empresarios amigos.
ACUERDO CON LA FISCALÍA
Esa pena se le impuso tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción: reconocer la acusación y aceptar esta condena. El pacto permitió que a la esposa del quinto hijo del ‘expresident’ y también imputada, Anna Vidal, se le sustituyeran 15 meses de prisión por una multa.
La fiscalía pide prisión por la «naturaleza y gravedad» de los hechos delictivos por los que fue condenado. En su informe, la acusación pública sostiene que a Oriol Pujol se le impuso la pena de dos años y medio «por delitos directamente relacionados con la corrupción política y económica».
Recuerda que luchar contra esa «lacra» es «una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo», por cuanto «supone un ataque a la estructura democrática de cualquier Estado». Por esta razón, incide, en casos como el del exdiputado «es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de defender el orden jurídico».
El abogado defensor, Javier Melero, consideró que el exdiputado «no será más ejemplar ingresando en prisión que haciendo trabajos en beneficio de la comunidad».
