El Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real) y el Consejo Local de Cooperación han exigido hoy a las autoridades judiciales salvadoreñas que se respeten los derechos del sacerdote Antonio Rodríguez, detenido en El Salvador por la supuesta introducción de objetos ilegales a pandilleros presos en cárceles. En una declaración institucional, han expresado su apoyo al religioso natural de Daimiel, han instado a las autoridades judiciales de El Salvador a que se respeten "todos sus derechos" y han pedido al Gobierno salvadoreño que vele por integridad física del popularmente conocido como "padre Toño".
También han apelado a la responsabilidad ética de los medios de comunicación salvadoreños "para que se respete el principio de presunción de inocencia que corresponde a cada ciudadano, para que no se emitan juicios de valor sin fundamento y para que se respete en todo momento la dignidad personal del sacerdote español". El Ayuntamiento y el Consejo Local de Cooperación de Daimiel han subrayado que el pueblo está unido en defensa de un misionero "que durante más de diez años ha llevado a cabo una labor encomiable en defensa de los ciudadanos más pobres de El Salvador, trabajando contra la violencia y en pro de los derechos de los más necesitados".
Esta declaración institucional se ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, a la Consejería de Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la embajada de España en El Salvador. A su vez, la congregación de los Padres Pasionistas, a la que pertenece el religioso, ha denunciado en un comunicado que se está "intentando desprestigiar, de una manera implacable", tanto a la persona como al trabajo realizado por el conocido popularmente en El Salvador como "padre Toño".
Es "especialmente doloroso", según la congregación, "escuchar y leer a través de los medios falsedades, filtraciones interesadas y existencia de pruebas que no existen". También ha rechazado la forma en la que se produjo la detención del sacerdote, así como el "esfuerzo intencionado" por unir su caso con todo el "megaoperativo" de seguridad realizado en el país, "cuando las acusaciones realizadas al padre Toño nada tienen que ver con la actuación policial llevadas a cabo contra las maras".
