El nuevo Gobierno deberá abordar cuanto antes la cuestión musulmana como una vía para prevenir el terrorismo. Así lo manifestaron ayer a este diario distintos representantes del PSOE, que abogan por un "diálogo en profundidad" con las comunidades islámicas para evitar la entrada de clérigos radicales.
El diputado socialista Ramón Jáuregui, experto en asuntos religiosos, considera que "hay que hacer una aproximación política muy seria a la comunidad musulmana y a sus dirigentes para evitar que siga creciendo el gajo más radical y rigorista del islam, caldo de cultivo del terrorismo más brutal, los que propugnan morir matando".
Jáuregui opina que "el radicalismo ha crecido desde el principio de los años 90 como una religión dentro de otra, de modo que la vía para combatirlo ha de partir de dentro de la comunidad musulmana".
La responsable de inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, y el diputado Diego López Garrido coinciden con Jáuregui en que el diálogo con el mundo islámico ha de ser una prioridad del Ejecutivo socialista. La propuesta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquís de crear un Consejo Islámico de base democrática para la designación de los imanes, como en Francia, ha sido bien acogida por el PSOE.
COMUNIDAD FRACTURADA Un alto funcionario del Ministerio de Justicia que reclama el anonimato considera que, en España, el problema consiste en que la comunidad religiosa islámica se encuentra muy fracturada, carece de una jerarquía, las asociaciones no representan a la mayoría de los creyentes y muchas mezquitas ni siquiera están registradas en Justicia, dado que la inscripción es voluntaria.
La citada fuente reconoce que el Estado "nunca ha llegado a tener una interlocución con entidades representativas de la religión islámica como hace con los católicos, los evangelistas y los judíos". Por ese motivo, los convenios entre el Ministerio de Educación y el colectivo musulmán "han sido siempre parciales, sólo con algunas asociaciones", añade el alto cargo de Justicia.
REVISION El portavoz parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, cree conveniente acometer "una revisión de la relación del Ejecutivo con las religiones" y acabar con la política de "dejar hacer" a los musulmanes. A su juicio, el modelo francés "no es una garantía pero ha llegado la hora de distinguir entre la corriente wahabí, la más radical, financiada desde Arabia Saudí, y los sunís malequitas, más moderados y pacíficos".
Para Joan Ridao, portavoz de ERC, cualquier medida que adopte el Gobierno "debe garantizar la libertad de culto". Aunque opina que "el control de las mezquitas es complejo", señala que los imanes deben de ser sometidos a los mismos controles que el resto de los ciudadanos.
