La salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos está siendo más complicada de lo que esperaba el Gobierno. No tanto por la exhumación del dictador, que tiene cobertura legal a través del decreto del pasado agosto, como por la inhumación, ya que la familia insiste en llevar los restos a la catedral de la Almudena, donde tiene una cripta en propiedad. Una posibilidad que rechaza el Ejecutivo porque se encuentra en pleno centro de Madrid y podría ser allí exaltado.

Para evitar que Franco sea enterrado en ese templo, los socialistas propusieron una reforma de la ley de memoria histórica, actualmente en tramitación parlamentaria, pero los plazos se pueden dilatar en exceso. Así que el Gobierno ya prepara vías alternativas.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, señaló ayer que hay fórmulas distintas a la del Congreso para impedir que Franco vaya a la Almudena. «El Gobierno no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste a un enaltecimiento. Con la ley en la mano, habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportunos para evitarlo», dijo Celaá.

Uno de esos mecanismos podría ser un nuevo decreto señalando que no sea inhumado en un lugar donde pueda ser objeto de homenaje, pero fuentes de la Moncloa descartan, en principio, esta posibilidad. La puerta, aun así, no está cerrada del todo. «Esto es como una partida de ajedrez», señalan los colaboradores del presidente. Lo único que ya parece claro es que la exhumación no será en el 2018, como anunció el Ejecutivo.

La rapidez de la reforma de la ley de memoria histórica depende del PP y Cs. Ambos suman mayoría en la Mesa del Congreso (pero no en el pleno, toda una anomalía) y pueden alargar la tramitación ampliando sin límite el trámite de enmiendas.