El confidente de la Guardia Civil Rafá Zuhier declaró ante el juez Juan del Olmo que se "imaginó" que Antonio Toro dio a su cuñado, el exminero José Emilio Suárez Trashorras, el teléfono de unos etarras cuando estaba ingresado en la cárcel asturiana de Villabona a través del cristal del locutorio. El juez dictó auto de prisión contra Toro por colaboración y suministro de explosivos.

El confidente explicó, en una carta, al diputado Juan Ignacio del Burgo que Toro tuvo contactos con "presos en Villabona por pertenencia a ETA o a otras organizaciones vinculadas a la banda terrorista". Y añadió: "Sí, tenía mucha relación con dos jóvenes etarras en el módulo 8. Antes de salir de prisión Toro) le dieron un teléfono que se encargó de pasárselo a su cuñado el exminero) por el cristal del locutorio) a través de un papel. Esto lo he visto yo".

Sin embargo, ante el juez, Zuhier no pudo sostener con "certeza" que los etarras de los que habló estuvieran internos en el mismo módulo de Toro. El juez, en el auto de prisión de Toro, afirma que el confidente policial ha ido modificando "paulatinamente" sus declaraciones. Zuhier ha declarado en cinco ocasiones y en todas ellas ha introducido "variaciones sobre las anteriores" por lo que le ha sometido a varios careos.

Zuhier, en esas declaraciones, acusa tanto a Toro como a su cuñado de haberle proporcionado el 20 de febrero del 2003 una muestra de dinamita y un detonador cuando viajaron desde Asturias hasta Madrid. Suárez Trashorras y su cuñado, sin embargo, han negado esas imputaciones realizadas por Zuhier, aunque el juez se cree esa versión porque esas muestras de dinamita llegaron hasta la Guardia Civil y una de ellas le estalló en las manos al mismo Zuhier.

Además, el juez explica que la credibilidad de los tres implicados "se ve debilitada por la falta de una manifestación precisa y completa" por parte de Toro, Suárez Trashorras y Zuhier. También les acusa de haber creado una "estrategia planificada" para ir aportando datos al sumario.

ARCHIVO Asimismo, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó ayer las diligencias contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que en el 2001 liberaron al jefe de los atentados del 11-M Allekema Lamari por un error. Los tres vocales conservadores se negaron a que el fiscal, tal y como proponía la presidenta de la comisión disciplinaria, Montserrat Comas, investigara la actuación.