Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes que gobiernos de todo el mundo incumplieron sus promesas de evitar y castigar la tortura, tras detectar que esas prácticas "inaceptables" siguieron vigentes en más de 140 países en los últimos cinco años. En un encuentro en Londres con los medios para lanzar la nueva campaña mundial 'Stop Torture' ('Frenad la tortura'), el secretario general de AI, Salil Shetty, ha lamentado que las autoridades no hayan adoptado "mecanismos dinámicos" contra ese problema treinta años después de la Convención Contra la Tortura de la ONU, en 1984.
De los 155 países que ratificaron ese documento, la organización investigó a 142 para hallar que al menos 79 continúan torturando en el 2014 y otros 32 estados de la ONU no han adoptado ese acuerdo.
Según Shetty, se trata de una "crisis que no solo afecta a países dominados por dictaduras, sino que también se extiende a las democracias, a todo tipo de espectros políticos y que se está produciendo en cada esquina del mundo". "Esa situación "nos deja a años luz del optimismo de 1984", apunta Shetty, quien denuncia que "los gobiernos han incumplido sus promesas".
En nombre de la seguridad nacional
El secretario de AI ha lamentado que esa práctica no solo está "viva", sino que incluso "está floreciendo en muchas partes del mundo", y ha considerado que, "puesto que más gobiernos buscan justificar la tortura en el nombre de la seguridad nacional, el sólido progreso realizado en este campo en los últimos treinta años está siendo minado".
En los últimos cinco años, Amnistía ha denunciado formas de tortura y tratos vejatorios en al menos 141 países de distintas regiones del mundo, aunque, debido a que los gobiernos intentan encubrirlo, probablemente el número real sea más elevado. En algunas naciones se recurre a esas formas de castigo de forma rutinaria y sistemática, al tiempo que en otras se habla de hechos aislados y excepcionales, en todo caso "inaceptables", según AI.
Urgen "mecanismos dinámicos"
Por ello, la organización urge a los gobiernos a implementar "mecanismos dinámicos" que eviten esas prácticas, como la realización de exámenes médicos adecuados, acceso rápido a abogados, revisiones independientes de centros de detención, investigaciones independientes y efectivas sobre acusaciones de tortura, procesamiento de sospechosos y adopción de enmiendas a las víctimas.
Entre algunas de las técnicas de tortura denunciadas se incluyen las llamadas "posiciones de estrés", técnicas de privación del sueño o la electrocución de genitales, empleadas contra sospechosos de crímenes, voces disidentes o rivales políticos, según detalles aportados en la rueda de prensa.
Como parte de la campaña para combatir la tortura, Amnistía ha llevado a cabo una encuesta, encargada a la firma Globescan, para sondear las actitudes de cada país ante esa práctica. En ella se halló que casi la mitad de participantes (un 44%) de 21 naciones de cada continente teme que se expondría a un riesgo de sufrir tortura si fuera llevado bajo custodia en su país.
La mayoría (un 82%) cree que deberían existir leyes claras contra la tortura, si bien más de un tercio de los entrevistados (un 36%) piensa que esa práctica puede justificarse en ciertas circunstancias.
Con su nueva campaña, AI se centrará, tal como ha revelado, en cinco países en los que la tortura está "muy extendida" y donde espera lograr un "impacto significativo", pese a que también continuará con su trabajo a nivel global. Se trata de México, Filipinas, Marruecos y el Sáhara Occidental, Nigeria y Uzbekistán.
El caso de México
Es el caso de México, donde si bien su Gobierno sostiene que la tortura es la excepción y no la norma, los abusos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad están extendidos y quedan impunes, según Amnistía.
La mexicana Bárbara Italia es una de las once mujeres que denunciaron al Estado mexicano por tortura sexual en 2006 en San Salvador Atenco, tras ser detenidas "arbitrariamente" por la policía federal en sus casas mientras se celebraba una manifestación por la imposibilidad de los vecinos de vender sus propias materias primas.
Italia aseguró que el Estado mexicano usa la tortura en momentos concretos "como una herramienta para romper los procesos sociales y obligar a las personas a autoinculparse por delitos que no han cometido", lo que considera una "manera de mostrar responsables falsos en la guerra contra el crimen organizado".
