El hijo de Margaret Thatcher, exprimera ministra del Reino Unido, fue detenido ayer en su lujosa residencia de Ciudad del Cabo (Suráfrica) acusado de haber participado en un intento de golpe de estado en Guinea Ecuatorial. Según informó la policía surafricana existen "indicios razonables" de que Mark Thatcher, que arrastra un turbio historial como empresario, facilitó asistencia logística y financiera a un grupo de mercenarios en su intento de derrocar al Gobierno de Teodoro Obiang.
El nombre de Mark Thatcher estaba incluido en una orden de arresto internacional por su presunta participación en la conspiración, aunque él había negado cualquier implicación. En estos momentos, dos procesos diferentes, en Zimbabue y Guinea Ecuatorial, se encuentran abiertos en relación a la intentona golpista del pasado marzo.
Tras la detención, en el mes de marzo, de más de 70 supuestos mercenarios por parte de las fuerzas de seguridad de esos dos países, el Gobierno de Guinea Ecuatorial acusó, entre otros, a Mark Thatcher y a empresas petroleras británicas y norteamericanas de estar detrás de la intentona golpista.
Las autoridades surafricanas arrestaron a Mark al amparo de una ley de ese país que prohíbe a sus residentes tomar parte en cualquier actividad militar en el extranjero, pero lo liberaron tras el pago de una fianza equivalente a 250.000 euros (41,5 millones de pesetas).
A Thatcher se le vincula con Simon Mann, presunto cabecilla del grupo, encarcelado en Zimbabue. Mann es un antiguo militar de las fuerzas especiales británicas que dirigía en los años 90 la empresa Executive Outcomes, proveedora desde Suráfrica de mercenarios para diferentes guerras del continente africano y para la protección de instalaciones mineras y personalidades.
MALA FAMA Mark Thatcher nunca ha sido conocido por su buena reputación. Con fama de estirada y distante, el hijo de la exprimera ministra británica vive desde hace años en Suráfrica tras haber protagonizado varios escándalos por utilizar el nombre de su madre en negocios de dudosa legalidad relacionados con prácticas comerciales engañosas, lavado de dinero, fraude, e incluso robo y agresión; aunque nunca se llegó a probar nada contra él.
