El escándalo por los abusos militares cometidos por el Ejército de EEUU vuelve a salpicar con fuerza al Pentágono y a la Casa Blanca. Documentos dados a conocer el lunes gracias a la ley de libertad de información ratifican las denuncias de torturas en Abú Graib pero, además, confirman abusos en Guantánamo que incluyen el uso de perros, algo que hasta ahora ha negado el general Geoffrey Miller. Este era responsable de la base en Cuba y pasó a encargarse de la prisión de Bagdad cuando salieron a la luz los primeras casos de torturas cometidos allí.

La nueva información procede de informes y mensajes que circularon en el FBI, lo que demuestra que los abusos eran conocidos por un círculo del Gobierno más amplio de lo que Washington dice. En los informes y mensajes se describe a detenidos de Guantánamo privados de agua y comida, encadenados y forzados a mantener posiciones fetales durante más de 24 horas con calor o frío extremo y obligados a orinarse y defecarse encima. Otro informe, dirigido a Robert Mueller, director del FBI, describe "serios abusos físicos a detenidos civiles en Irak que incluían estrangulamiento, palizas, interrogatorios no autorizados y colocación de cigarros en los oídos".

Una de las principales revelaciones es la denuncia de que miembros del Ejército se hicieron pasar por agentes del FBI en los interrogatorios. Un agente real mostró en un informe su preocupación por esa técnica: "Si el detenido es liberado o su historia se hace pública, los interrogadores del Departamento de Defensa no serán responsables porque esas técnicas de tortura las cometieron supuestos agentes del FBI. La Oficina Federal de Investigación cargará el muerto ante el público".

WOLFOWITZ LO SABIA En otro correo electrónico, se aseguró que "esa técnica de fingir ser agentes del FBI, como todas las otras utilizadas, fue aprobada por el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz".

Por otra parte, El Pentágono anunció que liberará "pronto" a un hombre detenido en Guantánamo, el segundo que quedará en libertad desde que el Tribunal Supremo reconoció el derecho de los presos de esa base a recurrir a la justicia.