La presión legal sobre Donald Trump se deja sentir. Ayer la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, anunció que el presidente de Estados Unidos acordó cerrar la Fundación Trump, en la que las autoridades han detectado «un escandaloso patrón de ilegalidad» por el que se encuentran bajo investigación el propio presidente y sus tres hijos mayores.
Entre los descubrimientos de la investigación que dirige Underwood, que inició su predecesor hace dos años, está que la Fundación Trump se coordinó de forma ilegal con la campaña presidencial del empresario inmobiliario. «Funcionaba como poco más que una chequera para servir los intereses políticos y empresariales del señor Trump», afirmó la fiscal.
Sigue adelante la demanda presentada en junio, que denuncia «conducta ilegal persistente». Se busca recuperar 2,8 millones de dólares y lograr que se prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, formar parte de cualquier junta directiva de organizaciones benéficas. «Seguiremos adelante para asegurar que se hace responsable a la Fundación Trump y sus directores por sus claras y repetidas violaciones de leyes estatales y federales», dijo la fiscal.
Las normas federales prohíben usar dinero de organizaciones benéficas para ganancias personales pero, según la fiscalía, la de Trump lo usó para pagar acuerdos legales de sus empresas. La ley también prohíbe a las organizaciones benéficas participar en campañas políticas, pero la fiscalía ha descubierto que «cedió el control» del dinero de la Fundación a su campaña en 2016.
Investigaciones de The Washington Post revelaron que Trump usaba la Fundación como «su hucha». La mayor donación, por ejemplo, la hizo a un grupo de conservación de Central Park para restaurar una fuente junto a uno de sus hoteles. Sus fondos se usaron también para comprar por 10.000 dólares un retrato de Trump que se colgó en uno de sus clubs de golf.
