Justo el mismo día en que el consejo de Gobierno de la DGA tomaba en consideración el proyecto de Ley de Capitalidad previamente consensuada con el ayuntamiento cesaraugustano, la Diputación Provincial de Zaragoza salía a la palestra reclamando un plan dotado con 50 millones, destinados a luchar contra la despoblación. Con anterioridad, los alcaldes de Huesca y Teruel también habían llamado la atención sobre su propia identidad y necesidades. Da la impresión de que, iniciada la carrera, nadie se quiere quedar atrás a la hora de pedir. Y a nadie faltarán razones para hacerlo, porque existe en la comunidad un problema radical: su constante retroceso poblacional y las ausencia de alternativas económicas que dinamicen comarcas hoy desiertos demográficos.

Si Zaragoza obtiene del Ejecutivo autónomo un total 21,5 millones por su condición de capital y gran urbe, es, no se olvide, porque previamente su Ayuntamiento viene prestando servicios que en otros municipios y áreas corren por cuenta del Gobierno aragonés o de las diputaciones provinciales, tiene que soportar tasas altas y a menudo sus planes e inversiones se irradian fuera.

En todo caso es normal que desde todos los ángulos se reclame ahora atención y dinero. Ante lo cual resulta necesario establecer una mínima reflexión sobre la superposición de programas específicos destinados a sostener localidades, comarcas y provincias. Existen y han existido. Pero lo que no existe a fecha de hoy es algún tipo de seguimiento preciso y transparente sobre los fondos manejados durante años ni sobre los resultados obtenidos. Esta dinámica no puede continuar, y por eso sería necesario impulsar la anunciada ley de participación de los entes locales en los ingresos de la comunidad, del mismo modo que habrá de desarrollarse el reciente convenio de colaboración de la DGA con las tres diputaciones provinciales para gestionar el Fondo Social europeo y el programa Feder. En este territorio donde sobran hectáreas y faltan personas, amontonar planes particulares (con sus correspondientes dotaciones) no tiene sentido si se carece un plan director, unos objetivos estratégicos que combinen los intereses de las ciudades y a los pueblos, del Pirineo, el Ebro o el Bajo Aragón. No hablamos de recentralizarlo todo en Zaragoza ni de olvidar los factores que identifican a cada lugar; sino de saber hacia dónde vamos. Y cómo hemos de llegar.