El pasado martes, el día que el Gobierno central anunciaba un anteproyecto de ley de memoria histórica que repara 45 años después la dignidad pisoteada de muchas personas represaliadas por el franquismo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza difundía el informe de tres expertos que desaconsejan cambiar el nombre de 11 calles que podían tener un origen fascista. Cierto es que ninguno de los 11 protagonistas de esas calles cometieron delitos de sangre. Pero no es menos cierto que todos ellos tuvieron un papel destacado durante la dictadura o fueron utilizados por un régimen fascista por su significación durante la guerra.
Ser experto y reputado profesor, como es el caso de los tres firmantes del informe, no siempre tiene por qué ser sinónimo de imparcialidad. Y con la memoria histórica, por respeto a las miles de personas que fueron asesinadas, depuradas o juzgadas sin garantías. No caben ambigüedades ni equidistancias. Algunos argumentos esgrimidos son, cuando menos, muy discutibles. Por ejemplo, compararles con el del tenor Fleta, cuya calle nadie discute porque la tiene por su profesión y no por ser falangista. Más insultante resulta citar a Manuel Azaña, muerto y enterrado en el exilio, que pedía «paz, piedad y perdón». O decir que para reparar la memoria, se puede poner alguna calle a personalidades que fueron depuradas por algunos de los que se pretende mantener en el callejero. Inaceptable. Tampoco se entiende que el PSOE municipal vea «sensatos esos argumentos.
