El eterno conflicto entre el derecho que tienen los trabajadores a hacer huelga y el que tienen los ciudadanos para ser atendidos por los servicios públicos debe ser resuelto con equilibrios. Lo que no parece de recibo es que ayer, primer día de los paros de los trabajadores del 061 en Aragón, la DGA --en concreto la gerente, Natalia Rivera-- impusiera unos servicios mínimos del 100%. Hasta el comité de huelga tuvo que trabajar. Neutralizar así los paros es atropellar los derechos laborales. El consejero Oliván debería atar en corto a esta gerente que está dando muestras de muy poca tolerancia.
