Devolver en caliente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de armar la marimorena con su fallo, unánime e inapelable, en el que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan la valla. España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos ni el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo, al expulsar a dos inmigrantes subsaharianos porque estos entraron de «forma no autorizada al escalar las vallas y no recurrieron a los procedimientos legales para entrar en territorio español». Un giro de 180º de la Justicia europea, pues la primera sentencia del 2015 condenaba al Ejecutivo español. Un antes y un después, con relevantes consecuencias para la legislación española y europea en migración. Las reacciones no sean hecho esperar. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha presentado un manifiesto al Gobierno para exigir que no consienta las expulsiones automáticas. Y es que el Ejecutivo anda dividido pese a que tanto PSOE como Podemos defienden abolir este tipo de praxis «inconstitucionales». El asunto descubre las fisuras en el Gobierno de coalición, pues si bien existe una posición oficial consensuada, «acatar el fallo sin entrar a valorarlo», las contradicciones son obvias. Pérez (secretario de Estado de Seguridad) ha contradicho a Iglesias (que da por hecho el fin de las devoluciones en caliente), al aseverar que se seguirá aplicando el «rechazo en frontera», porque con ello se respetan los derechos fundamentales (misma lógica europea). Y Marlaska, que anuncia modificaciones en las políticas de migración para respetar los derechos fundamentales de los inmigrantes, pero no aclara si ello supondrá el fin de las devoluciones en caliente.