El BOE de 4 de julio publicó la concesión del título de duquesa de Franco, con Grandeza de España, a Carmen Martínez-Bordiú Franco, tras el fallecimiento de su madre, Carmen Polo, a quien el rey emérito Juan Carlos I otorgó, en noviembre de 1975, tal título. ¿Tal concesión está relacionada con su discurso de proclamación como Rey de 22 de noviembre de 1975?: «Una figura excepcional entra en la Historia, con respeto y gratitud quiero recordar su figura. Es de pueblos grandes y nobles saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda su vida a su servicio».
Ya en 2009, Óscar López Fonseca en su artículo Los 39 nobles de Franco aún conservan sus títulos, señala cómo el dictador recompensó a los militares que le ayudaron a ganar la Guerra, a destacados falangistas y a empresarios adictos al régimen, además de científicos y a un cardenal italiano. Títulos que aún hoy están en el listado de «grandezas y títulos del reino» en el registro del Ministerio de Justicia. Ahí van: Mola, Yagüe, Queipo de Llano, Moscardó, Saliquet, Varela, Dávila y Kindelán, Carrero Blanco, conde de Alcázar... La vigencia de estos títulos la denunció en 2009 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Su presidente, Emilio Silva, criticó: «Es incomprensible que tras 30 años de democracia todavía tengan honores los que se levantaron contra un Gobierno legítimo. Es como si a Tejero le nombraran conde del 23-F».
El pasado 20 de febrero de 2018 el grupo parlamentario de Esquerra Republicana presentó una proposición no de ley sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios. La defendió el diputado Joan Tardá. Su argumentación fue así. Los títulos nobiliarios suponen un legado histórico no democrático, es un parapeto a la modernidad. Se trata de otra anomalía de nuestra democracia. ¿Acaso no es paradigmática la asociación de título nobiliario a reacción? Alfonso XIII ennobleció al dictador Primo de Rivera; Franco a delincuentes, a los que se les pueden imputar crímenes de guerra, o Juan Carlos I a sus amigos empresarios o a la familia Franco. ¿Qué méritos se pretendían reconocer y cómo se justifica hoy mantenerlos? Frente a ello, cabe recordar que en los periodos más democráticos o bien se suprimieron o bien se ponderaron: Cortes de Cádiz, I República y II República. Y acierta Tardá, ya que los títulos nobiliarios los abolió la Constitución republicana de 1931. En su artículo 25, el Estado no reconocía distinciones ni títulos nobiliarios. Pero antes, el Gobierno Provisional decretó que no se reconocerían los títulos nobiliarios. Los socialistas comentaron este decreto en El Socialista (3 de junio de 1931). El PSOE enmarcaba esta disposición dentro del objetivo general de democratizar el país, siguiendo la política emprendida en otros estados, como el alemán (República de Weimar), buscando nivelar las jerarquías sociales. Aunque este decreto pudiera parecer algo secundario, los socialistas pensaban que poseía una gran carga moral. Acabar con los títulos era terminar también con los «lacayos y con las libreas».
Votaron a favor de la PNL de Esquerra, el Partido Demócrata Catalán y Podemos. En contra, todos los demás, Cs, PP e incluso PSOE.
La diputada de Cs, un partido «liberal y moderno», Rivera de la Cruz, cuyo marido es marqués de Almeiras, argumentó recurriendo a la historia. El 28 de octubre de 1746 un terremoto seguido de un tsunami devastó la ciudad de Lima. José Antonio Manso de Velasco acababa de tomar posesión como virrey del Perú. Se impuso la tarea titánica de reconstruir Lima y lo hizo en dos años. El rey de España le distinguió por ello con el título de conde de Superunda, para que su nombre fuese recordado por siempre. Tres siglos después, los limeños siguen recordando su nombre y aquella gesta. Los títulos nobiliarios no son más que la expresión de nuestra historia, son el recuerdo de alguien que ha hecho algo bueno por nuestro país. --¿Cómo Franco?-. Acusa a los autores de esta PNL de falta de sentido común: «Yo no sé en qué mundo viven». Les molesta que algo pueda recordar episodios de la historia que nos hacen más grandes.
El PP argumentó que el objetivo de la PNL es desprestigiar y deslegitimar las instituciones; destruir lo que es y lo que representa España, y como los títulos nobiliarios representan la llamada historia común, los quiere eliminar. Además son consustanciales con la monarquía y, por tanto, los utilizan para erosionarla. -¿Hace falta alguien para erosionarla?-. Cuentan con toda la legitimidad democrática y están avalados por el artículo 62 de la Constitución. En España, los títulos se consideran un reconocimiento a una trayectoria vital o profesional ligada al servicio a España por ser un ejemplo de lealtad, entrega y compromiso.
El PSOE matizó, menos mal, que los títulos nobiliarios vinculados a la dictadura tendrán que reconvenirse a través de la modificación de la legislación de la memoria histórica. Sus dirigentes deberían leer El Socialista de 3 de junio de 1931.
Termino con una pregunta. ¿Una democracia puede publicar en el BOE el ducado de Franco? Aquí sí.
*Profesor de instituto
