Siempre que aparecen los denominados informes PISA, todos los medios de comunicación los difunden y los interpretan en función de la ideología política de los responsables de cada medio. Eso es lo que ha ocurrido nada más aparecer, hace unos días, el informe correspondiente al año 2019 (el examen se realizó en 2018). Sin embargo, este último informe, en lo que se refiere a España, tiene una anomalía que merece ser analizada sin ningún tipo de paliativo. Por primera vez no aparecen los resultados obtenidos por los adolescentes españoles en la prueba de Lectura.
Después de conocer la explicación que ofrecen los responsables de la OCDE acerca de esa anomalía, me sorprende que la práctica totalidad de los medios de comunicación no le hayan dedicado la atención que merece, dada la gravedad del problema y la vergonzosa imagen internacional que ha dado nuestro país. Por el contrario, algunos periodistas y, sobre todo, los políticos socialistas no han perdido la ocasión para echar la culpa de los malos resultados de los estudiantes españoles a la política educativa puesta en práctica por el Partido Popular en aplicación de la ley de educación aprobada por dicho partido político (la LOMCE).
Quienes hemos dedicado toda nuestra vida profesional al estudio de las variables y factores que intervienen en el éxito y en el fracaso académico, e igualmente todos los profesionales de la educación, sabemos que los resultados académicos no se modifican por el efecto que pueda tener una ley durante cuatro años, sino que dependen de factores sociales mucho más complejos y duraderos. Y la prueba evidente de que ello es así es que la posición que ocupa España en Ciencias y en Matemáticas con respecto a los países que integran la Unión Europea es prácticamente la misma que en los informes anteriores. Por desgracia, en todas las evaluaciones internacionales nuestros estudiantes se sitúan en alguno de los cinco últimos lugares de ese conjunto de países europeos, aunque hay que reconocer que en esta ocasión los estudiantes italianos nos han superado ligeramente en Matemáticas (en Ciencias continúan estando muy por debajo). En cambio, los portugueses, que hace unos años se situaban por debajo de los españoles, en las últimas evaluaciones han quedado por encima de nosotros (en este reciente informe están tres lugares por encima, tanto en Ciencias como en Matemáticas). Otro dato de esta última evaluación es que la media de los estudiantes españoles es más baja que la obtenida hace tres años (10 puntos menos en Ciencias y 5 menos en Matemáticas). Este descenso sería significativo si hubiera descendido el lugar ocupado por España con respecto a los demás países de la Unión Europea, pero ya hemos visto que sigue donde siempre ha estado: en el furgón de cola.
Lo más llamativo de este reciente informe es que los responsables de la OCDE han decidido anular los resultados de los estudiantes españoles en la prueba de Lectura, al haber comprobado que existían dos patrones comportamentales bastante extraños. El primero de ellos es que tardaron en resolver el examen de lectura un promedio de 25 segundos, mientras que el promedio de los jóvenes de los 78 países restantes fue de 50 segundos, llegando en bastantes casos a los 120. Si las respuestas dadas por las alumnas y alumnos españoles hubieran sido las correctas, lo lógico sería suponer que alguien les había mostrado las soluciones, pero no fue así. La segunda anomalía se debió a que comprobaron que las respuestas dadas por nuestros alumnos seguían un mismo patrón: en determinadas cuestiones siempre contestaban con un sí y en otras siempre optaban por el no. A la vista de esas irregularidades, los responsables de la OCDE, de acuerdo con la directora española del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (encargado de coordinar la realización de estas evaluaciones internacionales), decidieron no publicar los resultados, cosa que jamás antes había ocurrido.
En el informe se dice que esas anomalías solo se dieron en algunas comunidades y en unos determinados centros e institutos de enseñanza secundaria. Sin embargo, su peso específico en el conjunto de la evaluación nacional fue tan significativo que contaminaron los resultados globales. Es evidente que yo no tengo posibilidad alguna de investigar dónde se produjo ese fraude, o si fue en centros públicos, privados, o en concertados pertenecientes a alguna orden religiosa. En cambio, sí tengo derecho a solicitar al Ministerio de Educación que descubra cuáles fueron las perversas intenciones de quienes aconsejaron a los examinandos ese anómalo comportamiento y que haga públicos los resultados. Una investigación de esas características, acompañada de la oportuna sanción a los responsables del fraude, redundaría en beneficio de la imagen internacional de España. Si desde el Gobierno no se aclaran esos datos y si tampoco hacen nada para aclararlo los partidos de la oposición, cualquier ciudadano tendría derecho a sospechar que estamos ante un nuevo caso de corrupción política.
*Catedrático jubilado. Universidad de ZaragozaSFlb
