De nuevo la figura del accionista principal del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, está en el ojo del huracán a instancias de Hacienda. Ahora es la Agencia Tributaria la que ha denunciado ante la Fiscalía --que ha abierto diligencias para iniciar una investigación preliminar previa a la presentación de una querella contra los responsables de la compañía deportiva-- por no haber ingresado en las arcas públicas 900.000 euros retenidos a los empleados por el IRPF. A partir de 120.000 euros la falta administrativa se convierte en delito castigado con penas de entre uno y cinco años de prisión, además de hasta seis veces la cuota defraudada. Otro episodio de impagos de una entidad que desde la llegada del constructor ha caído en la total indignidad, no solo por la deriva deportiva, sino por sus citas en los tribunales. Que se vaya ya.
