El principio de acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para poner en funcionamiento la sede de los antiguos Juzgados en la plaza del Pilar ha puesto sobre la mesa la cuestión de cómo dar utilidad al abundante patrimonio institucional que existe tanto en la capital de la Comunidad como en otras localidades. En muchos casos, esa posibilidad permitiría no sólo ahorrar en alquileres sino también centralizar servicios y facilitar las gestiones que ha de realizar la ciudadanía.

En el caso de los que fueron juzgados zaragozanos, la DGA (que sigue siendo titular del edificio) podría ceder al ayuntamiento el uso de 8.500 metros cuadrados, donde se instalaría, entre otras cosas, el centro cívico que viene reclamando desde hace mucho el Casco Antiguo. La buena sintonía entre la administración autónoma y la municipal que existe últimamente habría de facilitar otros acuerdos semejantes, en orden a movilizar dependencias que hoy permanecen vacías. El propio Gobierno aragonés baraja la posibilidad de unificar, también en el mismo inmueble de la Plaza del Pilar, una serie de sedes del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales que en estos momentos permanecen dispersas por la ciudad.

Solo en la capital aragonesa, la DGA dispone de diversos e importantes edificios que ahora mismo están vacíos. Desde el pabellón de Aragón en la Expo 2008 hasta la vieja Escuela de Artes y Oficios en la plaza de Los Sitios, pasando por el antiguo Juzgado de Menores, la residencia San Jorge o la del Buen Pastor, el patrimonio expectante ofrece múltiples opciones. Es cierto que varios de estos inmuebles plantean problemas a la hora de adjudicarles alguna utilidad lógica y sobre todo que no resulte ser en el futuro fuente de constantes gastos sin mayor provecho. Pese a todo, siempre merecerá la pena estudiar posibilidades que permitan abandonar locales particulares hoy alquilados por las instituciones. Incluso cabría la alternativa de negociar futuros usos con entidades y empresas privadas.

La colaboración entre administraciones, la creatividad en la gestión del patrimonio inmobiliario y la simple racionalidad han de entrar en juego para rescatar del abandono edificios de titularidad pública, tanto en Zaragoza como en otras poblaciones aragonesas. Debe ser una muestra más de eficiencia.