El Gobierno de Aragón y el alcalde de Zaragoza (o en su defecto el equipo de gobierno municipal) tendrían que haber salido en tromba el pasado jueves cuando se conoció que una fábrica con 70 años de historia, Schindler (la antigua Giesa, la de los ascensores) iba a hacer un ERE que afectará a 119 trabajadores y supondrá el cierre de la empresa de la capital aragonesa (400 empleados) en tres meses. Es tal el mazazo que supone esta decisión empresarial para el conjunto de la industria zaragozana (unas 60 empresas auxiliares, que son proveedores, están afectadas) y la buena situación económica en la que se encuentra la firma suiza (o eso al menos decían sus ejecutivos hace pocos meses), que las autoridades deben exigir explicaciones y que sean convincentes. Son las mismas autoridades que tan bien trataron a la firma cuando esta decidió abandonar sus antiguas instalaciones de Miguel Servet para ubicar toda la producción en el polígono industrial Empresarium de La Cartuja. Pero los tiempos son muy distintos.

A principios de año, la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha abierto un abismo tremendo entre la derecha y la izquierda española, ahondando en la quiebra iniciada hace ya unos años con el nacimiento de nuevos partidos políticos por la izquierda, por el centro y, más recientemente, por la extrema derecha. El debate y posicionamientos políticos en el Congreso de los Diputados se va a escenificar a partir de ahora con mucha fuerza en muchos lugares del país y Aragón no se va a quedar atrás. Incluso, la presencia de un grupo político-reivindicativo-social como Teruel Existe puede añadir todavía mucha más leña al fuego. Y eso es lo que ha ocurrido con los gobiernos y Schindler. Que la capacidad de sorpresa y reacción se pierde porque los partidos políticos están inmersos en una nebulosa en la que solo se ven directrices ideológicas. Es triste que en las primeras horas de esta crisis industrial, solo se hayan escuchado las voces de IU y de los empresarios del metal de Zaragoza y el PP haya registrado una pregunta en las Cortes al Gobierno, con más intención frentista que en busca de soluciones para tanto trabajador que ahora está más cerca de la oficina de desempleo que de su puesto de trabajo.

Eso si, la triple derecha va a exportar desde Madrid a los territorios posicionamientos en todas las instituciones regionales y locales para que los partidos de la izquierda, y sobre todo el PSOE, se mojen apoyando los acuerdos de la investidura del presidente Sánchez. A ver si cogen a alguien en fuera de juego o flaquea en un momento concreto y así se le puede sacar punta a alguna afirmación. Se llama política, siempre ha existido, pero en la actualidad ha cogido un sesgo frentista peligroso para el devenir del día a día.

La deriva que está tomando el PP a nivel nacional teniendo que asumir iniciativas extremistas para poder mantenerse en el poder de algunas instituciones todavía agranda más ese abismo derecha-izquierda. Es el caso del pin parental, la intolerable censura previa educativa que se ha impuesto en Murcia y que a Vox le gustaría extender a toda España. Es la posibilidad de que los padres puedan autorizar a sus hijos a no recibir determinadas charlas educativas, algo que atenta contra los pilares básicos de la enseñanza. El pasado mes de octubre, las Cortes de Aragón ya rechazaron esta posibilidad que planteaba Vox. La misma que ahora sí apoya el PP en otros lugares.

Y el alcalde Azcón está también atrapado por los ultraderechistas para poder dar luz verde a los presupuestos municipales. Con unas peticiones que atacan políticas tan esenciales como la igualdad o que incluso llegan a poner en cuestión actividades tan plausibles como la de la entidad social zaragozana La Caridad, los populares arremetieron antes contra los socialistas que se ofrecieron para pactar los presupuestos y olvidarse de estas peticiones que son una vuelta atrás, que contra el grupo reaccionario que pretende perturbar a la sociedad eespañola. Cuando, aunque el PSOE lo hiciera tarde, no es más que lo mismo que el PP de Beamonte ofreció a Lambán en ejercicios anteriores para aprobar unos presupuestos sin Podemos. Y entonces no saltaron las chispas ideológicas de ahora.

Es una peligrosa ruta la que ha marcado la investidura que debería frenarse cuanto antes. Aragón y Zaragoza necesitan, además de mantener los derechos conquistados, seguir construyendo una sociedad mejor. Y el frentismo no hace avanzar. Es tarea de los políticos que deben dar síntomas de paz social y de interés por la colectividad.