La legislatura autonómica llega a su ecuador con un balance desigual. Pletórico, el presidente de la DGA compareció el viernes en público para pregonar la fortaleza de su Gobierno, en el que no prevé cambios en el primer nivel, y para defender el giro a la izquierda del pacto PSOE-CHA con el apoyo puntual y siempre condicionado de Podemos. Frente a la complacencia del Ejecutivo, la oposición, y ese socio a medias que es Pablo Echenique, cargaron contra las políticas llevadas a cabo durante estos dos años, al ser consideradas desde insuficientes ante la emergencia social, bajo un punto de vista de los grupos de centroizquierda, hasta lesivas por el impacto fiscal y los desequilibrios económicos que acarrean, según denunció el bloque de centroderecha liderado por el PP.

Los datos más significativos de este primer tramo de la legislatura son la mejora de las políticas sociales, con más dependientes atendidos, menos pacientes en listas de espera de larga duración, o matrículas universitarias y comedores escolares más asequibles. Son cifras objetivas que no obstante chocan con una doble realidad: el aumento de impuestos para pagar entre todos los contribuyentes estos servicios ampliados o abaratados, y al mismo tiempo el incremento de la deuda aragonesa, que a final de año se acercará a los 8.000 millones de euros.

De ahí que siendo discutible tanto el balance complaciente de Javier Lambán como la crítica de manual de la oposición, lo más importante ahora pasa por definir un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la viabilidad del modelo. Es insostenible que para prestar los servicios públicos transferidos a la altura que esperan los ciudadanos, los gobiernos regionales tengan que ir acumulando deuda progresivamente, camino de la implosión o del rescate estatal.

Por eso, frente a la escalada de acusaciones entre PSOE y PP, es necesario un pacto de mínimos para defender una postura común en la negociación de la financiación autonómica, así como en la exigencia de un trato justo al ministro Cristóbal Montoro. O se permite a Aragón y al resto de regiones más déficit o se les ayuda con un sistema de ingresos que equilibre sus cuentas y consolide las prestaciones. Lo demás son bravuconadas dialécticas que no ayudan para nada al administrado, quien en realidad solo aspira a recibir del sistema de modo equivalente a su contribución.