Hay noticias que irremediablemente están ligadas a fechas del calendario. El verano y la inmigración son algunas de ellas. Será porque climatológicamente es más fácil llegar a nuestras costas del sur o Canarias o porque las mafias ofrecen más ¿? seguridad y cobran más, pero el tráfico con vidas humanas trae cada día apresamientos costeros, numerosos desaparecidos y demasiadas muertes. Circunstancias que se suceden habitualmente en los últimos quince años, de forma más intensa con el buen tiempo.
Es la punta del iceberg de una situación, que no problema, complicada y difícil de ir resolviendo por numerosas razones. Actualmente hay en España 1.800.000 inmigrantes (75.000 en Aragón) con tarjeta o autorización de residencia, número que se ha duplicado en menos de cuatro años. Todos ellos hacen uso de nuestros servicios básicos, educación y sanidad, y la mayoría cotizan o aportan sus impuestos como residentes y como trabajadores. Pero esta realidad no es exclusivamente nuestra. Cada año, un millón de inmigrantes llega a la Europa de los 15 y en mayor proporción a la Europa del Sur (Portugal, Italia, Grecia y España). Países que fueron lugares de origen en ciclos migratorios anteriores son hoy lugares de destino. Nos vemos, por primera vez, en la tesitura de cómo integrar miles de extranjeros en nuestras sociedades. Y además a gran velocidad, porque los ritmos no los marcamos nosotros, sino el hambre, las guerras, la desesperación y la necesidad de encontrar un empleo. Si a eso añadimos que nuestra ubicación geográfica nos sitúa como puerta o frontera de Africa y somos polo de atracción para los países hispanos, tenemos razones para entender porqué recibimos más inmigrantes que la media europea.
Las estadísticas oficiales saltaron, a finales del 2003, con datos sobre inmigrantes empadronados cifrándolos en 2.700.000, es decir, el 6% del total de población en España. Consecuentemente 900.000 irregulares, con servicios esenciales cubiertos (educación y sanidad), pero sin cotización ni aportación tributaria. En Aragón puede hablarse de 25.000 irregulares. Al margen de los ajustes estadísticos, que es imprescindible hacer, lo cierto es que quienes vendieron la Ley de extranjería l4/2003 como fórmula para evitar ilegales y hacer contratos en origen como única receta para regularizar, han fracasado estrepitosamente.
Frente a esas intenciones hoy tenemos más inmigrantes ilegales en España y menos contratados en origen, porque cerrando fronteras y con políticas de control sólo se cubren las apariencias, se mira hacia otro lado y se hace demagogia. ¿Cómo sino explicar la obcecación del anterior Gobierno en utilizar el contingente estable para regularizar trabajadores extranjeros, si en los tres últimos años ofertó 32.088 empleos y realizó sólo 9.838 regularizaciones por esa vía? La ilegalidad de estos miles de extranjeros permite la existencia de mano de obra explotada, con situaciones laborales devaluadas en lo económico y en lo social y fomenta una competencia desleal frente a sus compañeros de trabajo y también respecto de los empresarios que no contratan sin papeles. Las empresas subcontratadas o la economía sumergida se nutren, en gran parte, de este empleo, más barato, sin derechos, sin cotización y sin obligaciones para mantener ese puesto de trabajo.
Por otro lado, hoy hay más empleo, la incorporación de la mujer y los jóvenes se retrasa y la actividad económica no puede pararse por falta de mano de obra. Las tasas de envejecimiento y el frenazo demográfico obligan a contratar extranjeros que no están regularizados y que por la vía del contingente es imposible cubrir. Esto hace que muchos empresarios tengan que realizar contratos ilegales y no vean el modo de modificarlos aunque quieran. Estamos hablando de medio millón de empleos en estas condiciones, posiblemente algo más, pues hay sectores como la construcción, hostelería, agricultura o el trabajo doméstico y a domicilio con una proporción muy alta de trabajadores inmigrantes.
Por ello, se necesitan garantías para regularizar esta situación e impedir que sea un coladero , o una fuente de picaresca o de actividades mafiosas, y es preciso contar con la colaboración de empresarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y partidos.
Las tres regularizaciones anteriores que hizo el PP enseñaron a cometer menos errores, a contar con los implicados, a trabajar con políticas integrales, a evitar el triunfalismo, a desechar la exclusión, a hacer un pacto de Estado que anteponga los intereses generales a los particulares o partidistas y permita la durabilidad de estas políticas. Y con esos mimbres queremos trabajar, pues solo así podrá evitarse el efecto llamada al que tanto apelan los responsables del Gobierno anterior.
* Diputado del PSOE por Zaragoza
