La ONCE, una de las instituciones sociales más arraigadas en la sociedad y que realizar una gran labor social y laboral, ha denunciado que el juego ilegal mueve en Aragón 450.000 euros anuales ante la pasividad de las instituciones aragonesas. La ONCE, que se nutre principalmente de los ingresos de los juegos autorizados por el Estado, da trabajo a 867 personas en Aragón, más de la mitad discapacitados, por eso no entiende que desde la administración no se persiga a quienes defraudan.
