Manchester, Estocolmo, Berlín, París... La lista de ciudades europeas golpeadas por el yihadismo en los últimos meses es larga. Ya sea con lobos solitarios que convierten en armas elementos cotidianos en nuestras vidas, como los camiones, o mediante terroristas suicidas apoyados por una red y capaces de fabricar potentes explosivos, el Estado Islámico (EI) ha lanzado la mayor oleada terrorista vivida nunca en Europa. Ante eso, sin embargo, y como si nada hubiera cambiado, los gobiernos europeos lo siguen fiando todo a la acción policial. Pero son los propios policías los que alertan de que con ellos no basta. Basada esencialmente en la capacidad del EI para contactar directamente a través de aplicaciones como Telegram con miles de aspirantes a yihadistas, una ofensiva de este calibre requiere un enfoque mucho más global. Un abordaje que, además de a las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, implique al sector educativo, asistencial, religioso,... Es necesario poner en marcha un relato que desmonte las mentiras de los yihadistas. Ellos son los que de la forma más perversa han ofrecido algo a miles de jóvenes europeos con problemas de identidad, que se sienten marginados y con la impresión de que ante ellos no hay futuro. Hace falta un discurso nuevo que deje a los terroristas sin el caladero de voluntarios donde ahora lanzan sus redes.
Lo primero en llegar a juicio de la gran estafa de la mayoría de cajas españolas fue la quiebra de la Caja de Ahorros de Castilla la Mancha (CACM). Ahora llega a los tribunales lo que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez calificó como «lo peor de lo peor», la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Y aún falta lo más grande, Bankia, la antigua Caja Madrid que incluye también el Banco de Valencia. Los delitos que se juzgan son casi siempre los mismos aunque en cuantías diferentes: administración temeraria -especialmente en el cálculo del riesgo en los préstamos inmobiliarios-, falsedad en las cuentas, estafa en la emisión de participaciones preferentes vendidas a clientes vulnerables y cobro de retribuciones excesivas tanto en salarios como en bonos contra pérdidas y de planes de pensiones a pesar de la quiebra. Una mezcla explosiva de los defectos del sistema de gobierno de unas cajas que crecieron desordenadamente comprando dinero barato en el mercado financiero de la UE con el estallido de una burbuja de crédito inmobiliario global. La justicia española siempre llega al fondo de los asuntos aunque sea tarde y sin el impulso del poder político. Deja indefensas a las víctimas de este tipo de estafas institucionalizadas que se acaban pagando con cargo al erario público generando otras prácticas que no es descartable que acaben en los juzgados. De manera que lo peor podría estar por llegar.
