La vista oral sobre la parte central del Caso Plaza, comenzará hoy... o quizás sea suspendida, tal y como han pedido casi todas las partes. Porque mientras se aproximaba el capítulo final de este larguisímo serial, las negociaciones entre la Fiscalía y diversos acusados estaban produciendo una especie de acuerdo previo general destinado a limitar las penas y, se supone, a recuperar todo lo que se pueda de los 147 millones que se esfumaron en los entresijos de la urbanización del terreno y la construcción de la plataforma logística zaragozana.

El caso en cuestión fue troceado en varias piezas separadas, ninguna de las cuales ha acabado hasta ahora en condena. La sentencia del Supremo, que absolvió a quienes estaban envueltos en el llamado Caso Pagarés (referido a un importante contrato de obra con el constructor Agapito Iglesias) lanzó una nube de dudas sobre todo el asunto, al fallar que los sobrecostes habidos en aquella ocasión estaban justificados o no tenían naturaleza delictiva. A partir de ese momento, el inabarcable sumario que todavía estaba y está pendiente de juicio quedó infiltrado por las dudas. Plaza se adhirió a la acción de la Fiscalía, y esta inició una serie de negociaciones con los acusados, para que estos aceptasen su culpa a cambio de una condena más benévola y de reparar el daño.

Con estos antecedentes, la vista se ha convertido en mera formalidad. De los 25 enjuiciados, solo dos tendrán que ir a prisión y por no mucho tiempo. Las indemnizaciones se están pactando también. Esta particular justicia al regateo va a convertir el proceso en una especie de tiroteo con munición de fogueo. La búsqueda de la verdad y de la defensa del interés público empezó, es cierto, con mucho ímpetu. Pero da la impresión de que ha acabado perdiendo gas.

Por todo ello, tras resolverse con sucesivas absoluciones las primeras piezas separadas, el núcleo central del Caso Plaza tampoco hará mucho ruido. Será sin duda un motivo de perplejidad para una opinión pública que, al mismo tiempo, ha visto cómo otros asuntos de similar envergadura (pensemos en el Caso La Muela) se quedaban asimismo en un extraño limbo jurídico.

Plaza, bajo la dirección del viceconsejero socialista Escó y el director general García Becerril, desembolsó enormes sobrecostes en las obras que encargaba. Dinero de todos. Por eso importa mucho que quede claro lo que pasó.