Vuelta a empezar. Ni la ley de Comarcalización aprobada en 1996 y refundida diez años después ni el Estatuto de Aragón aprobado en el 2007 ni la reforma local del año pasado. El Gobierno aragonés pretende ahora "poner en orden" las competencias de las administraciones con una nueva ley que "obre con eficacia en todo momento y en todos los lugares para impulsar el desarrollo económico del territorio". Así reza la proposición de ley tomada ayer en consideración por Las Cortes con el voto favorable de PP y PAR --los partidos que la presentaron-- y que recibió, en cambio, las criticas del resto: CHA e IU, que se abstuvieron aludiendo a la tardanza y el desenfoque de esta, y del PSOE, que la rechazó directamente por considerarla un "tótum revolútum" que además de no solucionar los problemas de financiación actuales debilita la autonomía de los municipios, como pagano de la crisis. De hecho, aunque la ley no modifica en teoría las competencias de las administraciones, es decir, lo que le compete a cada una, si regula la encomienda y delegación de los servicios, sobre todo municipales, cuando su prestación resulte deficitaria, algo que es prácticamente general en el medio rural. De este modo, se pretende dotar de contenido a las comarcas --veinte años después de su gestación y más de diez de su constitución-- otorgándoles la tutela de los municipios, en lugar de hacerlo mediante la transferencia progresiva de parte de las competencias de la Comunidad Autónoma, tal y como recogía la ley original aprobada por todos los partidos políticos, o de la de las diputaciones provinciales, como defiende IU y defendía el PAR. Vamos, que al final ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.

Periodista y profesor