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MALTRATO EN ESPAÑA

100 niños han muerto víctimas de la violencia desde el 2012

Save the Children exige una ley de erradicación del maltrato, que aumente la prescripción y la formación de profesionales -- El Gobierno no incluye la norma entre sus prioridades, pese a que hay acuerdo unánime de los grupos políticos

 

Ana Sastre y Laura Pérez, de Save the Children, en la presentación de la campaña. - JOSE LUIS ROCA

PATRICIA MARTÍN
23/01/2018

Alicia, 3 años. Cristina, 13 años. Daniel, 1 año... Y así hasta 100 niños han muerto en los últimos cinco años por causas violentas, a raíz del machismo, el maltrato, los abusos sexuales o el acoso escolar, según los datos recopilados por Save the Children. Y la onegé advierte de que pueden ser muchos más, porque una de las constantes en el maltrato infantil es que las víctimas sufren los golpes, insultos, humillaciones y amenazas en silencio y en pocas ocasiones se atreven a contarlo. 

Por ello, Save the Children ha puesto en marcha este martes la campaña #LosÚltimos100 que persigue "poner voz a los niños y niñas muertos por los malos tratos", con el fin de "visibilizar una realidad invisible" y generar un movimiento social que obligue al Gobierno a aprobar una ley de erradicación de la violencia contra la infancia; que ayude a prevenir esta lacra y aminore el número de víctimas. El objetivo, poner al mismo nivel de protección y prevención la violencia contra los niños que la causada por el machismo, tal como recomienda la ONU.

Decenas de caras conocidas como Alejandro Sanz, Elena Anaya o Cayetana Guillén Cuervo se han sumado a la campaña, que pretende recoger miles de firmas para exigir al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso, que de forma unánime le exigió el pasado septiembre que en el plazo de un año apruebe una norma destinada a proteger a los menores. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no la ha incluido entre las leyes que prevé aprobar en el 2018, con el argumento -según la onegé- de que no hay tiempo para tramitarla, debido a su complejidad. Si bien, Save the Children considera que si hay unanimidad política, "no debiera ser difícil" llevarla a la práctica, según ha subrayado este martes Ana Sastre, directora de Sensibilización. 

La falta de datos
Una de las primeras medidas a implementar es que se creen estadísticas, para conocer la magnitud del problema, dado que se calcula que sólo un 15% de los casos se denuncia. Y pese a ello, según el Ministerio del Interior, en el 2015 (último año disponible) se interpusieron 37.495 denuncias por delitos violentos contra los menores. En ese año, 15 niños perdieron la vida. Si bien, para recopilar las cifras de los últimos cinco años, ante la falta de cifras oficiales, la entidad ha tenido que recurrir a los medios de comunicación, que no reflejan todos los casos porque "la mayoría del maltrato infantil no sale a la luz". 

 
Ana Sastre y Laura Pérez, de Save the Children, en la presentación de la campaña / JOSÉ LUIS ROCA
Otros datos que dan idea de la alta incidencia del problema son: que uno de cada dos abusos sexuales se dirigen contra un menor y que uno de cada diez estudiantes dice sufrir acoso escolar. Desde que en el 2015 se dio el paso de incluir a los niños como víctimas directas de la violencia machista, sí hay estadísticas sobre esta realidad, que indican que el año pasado ocho menores fueron asesinados por sus padres o la pareja de sus madres, mientras que 24 quedaron huérfanos. 

Las medidas necesarias
Además, el pacto contra la violencia machista incluye un paquete de medidas para protegerlos, pero Save the Children pide ir más allá y que una ley contra todo tipo de violencias incluya, al menos, las siguientes propuestas: 

- Formación especializada de todos los profesionales que trabajen con la infancia.

- Que la prescripción de los delitos de abusos sexuales comience a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 actuales. 

- Que se suspenda el régimen de visitas de los padres ante la presentación de cualquier denuncia de maltrato y que, cuando haya sentencia, se quite la patria potestad. 

- La adaptación de la justicia a las necesidades de los niños, con juzgados y una fiscalía especializada, donde no se obligue al menor a repetir su testimonio varias veces, en ocasiones en presencia del agresor, etc. 

- Inhabilitación de cualquier condenado para el trabajo con los niños. En la actualidad en los colegios se piden los antecedentes penales, pero la onegé reclama que sea obligatorio que el juez imponga una pena accesoria de inhabilitación.