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EN BARCELONA

Una jueza investiga a una hija de Botín por la compra de una escultura íbera

La magistrada está rastreando la actividad de una presunta red de tráfico de obras de arte En el centro de la trama aparecen dos reconocidas tiendas de anticuarios de Barcelona

 

Paloma Botín, en una foto de archivo. - EL PERIÓDICO

LUIS RENDUELES / J. G. ALBALAT
06/02/2019

Un juzgado de Barcelona investiga una red de tráfico de obras de arte radicada en la capital catalana que supuestamente comercializó piezas de gran valor expoliadas en España y entre cuyos clientes figura Paloma Botín-Sanz de Sautuola, hija del banquero fallecido Emilio Botín. La Policía Nacional está siguiendo el rastro de la compra de la escultura de una leona del siglo VI antes de Cristo por parte de esta mujer y de su marido, el empresario Ricardo Gómez-Acebo, que aparecen como investigados.

Los agentes entraron en el domicilio del matrimonio, situado en una urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La valiosa talla no estaba allí, pero sí en otro lugar, adonde fue trasladada de forma provisional por sus dueños. La jueza también ordenó el 19 de diciembre otros registros, dos de ellos en dos locales de anticuarios de Barcelona, y se incautó de numerosa documentación de operaciones de compraventa. Este diario ha intentado sin éxito contactar con el abogado de Paloma Botín, Jesús Santos, para recoger su versión.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, Maria Antonia Coscollola, no ha citado por ahora a nadie declarar como investigado, aunque Paloma Botín figura como tal. La magistrada está a la espera de recibir el informe de la policía sobre los documentos hallados en los registros efectuados a dos reconocidas tiendas de anticuarios de la capital catalana, en las viviendas de sus propietarios y en un taller de restauración. En el centro de las pesquisas se encuentran Jaume B., el dueño de un comercio de antigüedades, y su socio Oriol C., a los que la Audiencia Nacional investiga, además, por comprar piezas arqueológicas expoliadas de Libia que beneficiaban al Daesh , así como Félix C, propietario de otra tienda, su hermana Estrella C. y el restaurador Manel S. La policía les atribuye un presunto delito de blanqueo de capitales.

La operación policial se inició en el 2017, cuando la Brigada de Patrimonio Histórico recibió varios avisos sobre el presunto expolio de piezas íberas en Andalucía. Un juzgado de Linares se hizo cargo, en un principio, de las pesquisas, pero estas no acabaron de concretarse. No obstante, el verdadero pistoletazo de salida lo dio un anónimo que llegó a una comisaría y que denunciaba la desaparición de tres esculturas íberas del siglo VI antes de Cristo, una leona, un toro y una cabeza de toro. En el papel se plasmaban fotos de las tres piezas. A partir de ahí, se empezó a tirar del hilo hasta llegar a anticuarios catalanes. Las principales pistas (escuchas telefónicas) nacieron de una operación que se estaba desarrollando por la financiación del Estado Islámico. Al final, el caso viajó hasta Barcelona, donde residen los anticuarios presuntamente implicados en la trama.

CINCO DETENIDOS

El pasado 19 de diciembre, la jueza ordenó las entradas y registros. En Madrid, acudieron a la vivienda de Paloma Botín en busca de la leona, que no estaba allí, pero sí en otro lugar donde había sido trasladada a la espera de terminar unas reformas en la casa. En esa operación, la policía detuvo a los cinco presuntos implicados en la trama.

Fuentes de la investigación han asegurado a este diario que uno de los objetivos es intentar aclarar si Paloma Botín y su marido han cometido o no un delito o si, por el contrario, fueron engañados, aunque las pesquisas son más amplias, al haberse hallado en las dos tiendas de anticuarios bastante documentación sobre la compraventa de otras piezas.

Los agentes localizaron en los registros las tres piezas íberas que buscaban desde el año 2017. La operación de compra de la escultura de la leona se abonó con un cheque bancario conformado ante notario, en el que se incluyó una factura de 1974 por la que el anticuario pretendía acreditar la procedencia lícita de la pieza. La policía está intentado esclarecer si este documento es realmente auténtico o está manipulado para dar una apariencia legal a toda la operación por parte del intermediario.