Indignación en la calle. Incredulidad y sorpresa en el Gobierno. Crítica generalizada. La salida de la cárcel de los cinco miembros de La manada ha desatado una potente ola de crispación, solo contestada por la defensa de los procesados, feliz porque la Audiencia de Navarra le ha dado la razón y ha admitido sus argumentos para dejar libres a los cinco condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines del 2016. Por la mañana, los acusados depositaron la fianza de 6.000 euros con una transferencia bancaria. Por la tarde, volvieron a pisar la calle tras casi dos años de reclusión.
A las 18 horas, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, abandonaron el centro penitenciario de Pamplona. Los tres vehículos que les esperaban se marcharon del lugar a gran velocidad. Los otros dos reos, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, dejaron la prisión militar de Alcalá de Henares una hora y media después. La fiscalía de Madrid ofreció apoyo a la víctima a través de su abogado y, si es preciso, protección policial.
La fiscalía y las acusaciones anunciaron que recurrirán la decisión de excarcelar a los procesados, que fueron condenados por abuso sexual y no por agresión sexual, al considerar los jueces que no existió intimidación. Los recursos que presenten serán de súplica, que son los únicos posibles. Es decir, deberán resolverlos los mismos magistrados que el jueves acordaron dejar en libertad bajo fianza a los cinco acusados. Es improbable que los jueces modifiquen su criterio. Como pasó en abril con la sentencia condenatoria, el tribunal está dividido.
En aquella ocasión fue el juez Ricardo González quien emitió un voto favorable a los condenados, al ver en el vídeo que ellos grabaron sexo en un ambiente de «jolgorio». Ahora, la correlación de fuerzas ha cambiado. A este magistrado, que siempre ha defendido la inocencia de los acusados, se le ha unido la magistrada Raquel Fernandino, que se pronunció a favor de imponer los nueve años de prisión a cada uno de los miembros de La manada. Los dos han dejado solo al presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáez, que ha abogado en su voto particular por prorrogar la prisión provisional por «la gravedad del delito» y riesgo de fuga.
En definitiva, dos contra uno. Un resultado que ha permitido que los procesados hayan salido a la calle. No la veían desde el 7 de julio del 2016, un día después de los hechos, cuando fueron detenidos. Si no se revoca esa decisión, los miembros de La manada verán pasar los días desde sus casas de Sevilla. Al menos, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra resuelva si confirma o modifica la sentencia. Pasarán unos meses. «Van a estar con sus familias, que es el objeto de la demostración de la existencia de un arraigo», aseguró el defensor de cuatro acusados, Agustín Martínez Becerra, que se mostró «sorprendido» por que las fuerzas políticas se hayan hecho eco del rechazo «de la calle», siendo esta la que, en su opinión, parece que «dicta las resoluciones judiciales».
La Audiencia de Navarra no ha aceptado la tesis de la fiscalía y las acusaciones de que los condenados debían continuar entre rejas. Podían estar en situación de prisión provisional durante cuatro años y medio, la mitad de la condena. Los jueces destacan que con la condena de nueve años se ha producido «una más que notable reducción» de las penas solicitadas por las acusaciones, de hasta 22 años y 10 meses de prisión, y que no existe riego de fuga porque los procesados no tienen medios económicos. También descartan la reiteración delictiva, pues el caso es mediático y los acusados conocidos. A todo eso, añade que los acusados residen a más de 500 kilómetros del lugar donde vive la víctima y que garantizar «su tranquilidad y su sosiego» es algo que puede «procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosa que la prolongación» de la prisión provisional.
Los magistrados se acogen a la presión social para justificar que los reos no pueden cometer de nuevo un delito y enfatizan que los procesados no tienen antecedentes por acciones de esa naturaleza. «La repercusión que ha tenido el caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto a los cinco acusados que ello permite cuestionar fundamentalmente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva», sostienen.
También desmontan la posibilidad de que los condenados huyan, a pesar de la pena de nueve años de cárcel. Primero, porque no se ha cuestionado durante el proceso su arraigo familiar y social. Segundo, la fiscalía y las acusaciones no han concretado en qué se sustenta la sospecha de que puedan huir. Y, tercero, el tribunal precisa que «consta la insolvencia de todos los condenados», a excepción de uno, que tiene embargada una vivienda, «careciendo» de medios económicos «para procurarse una fuga eficaz» e instalarse en algún lugar en «el que no pudieran ser hallados si tratasen de huir». Los magistrados tampoco han tenido en consideración que cuatro de los cinco procesados tengan un caso abierto también por abuso sexual en Andalucía.
Los jueces, además de imponer la fianza de 6.000 euros, han tomado otras medidas: obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad, prohibición a acceder a la Comunidad de Madrid, donde vive la víctima, o comunicarse con ella. También se les impide abandonar España y han tenido que dejar un teléfono de contacto para poder ser localizados.
