El debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno dejó dos noticias muy halagüeñas para los intereses aragoneses: el nuevo Gobierno derogaría el trasvase del Ebro (que había provocado una masiva reacción contraria en la comunidad y del que ya estaba puesta incluso la primera piedra por el anterior Ejecutivo de Aznar) y también diseñaría un plan específico para dotar de inversiones a Teruel, provincia históricamente olvidada. Casi cuatro años después de ese trascendental momento, la octava legislatura en las Cortes Generales está a punto de concluir con dispares resultados para la comunidad autónoma. Sin embargo, han sido cuatro años en los que se ha hablado, invertido y legislado sobre Aragón más que nunca.

La comunidad autónoma ha adquirido protagonismo y se han logrado avances notables en diversas materias, aunque en otras el empujón no ha sido suficiente para desarrollar determinados proyectos o para solucionar contenciosos abiertos con la Administración del Estado, como la deuda contraída por las mermas tributarias, las conexiones transfronterizas o el pleito por el arte sacro de la Franja.

SINTONÍA POLÍTICA La llegada de un Gobierno del PSOE a La Moncloa cambió notablemente las relaciones con la comunidad autónoma, también dirigida por socialistas. Mientras en los ocho años anteriores del PP había habido dificultades de entendimiento y continuas polémicas, el vuelco electoral del 14 de marzo del 2004 en las tres provincias aragonesas favoreció unas mejores relaciones con el Ejecutivo de Marcelino Iglesias. Eso no significa, sin embargo, que la consecución de aspectos positivos no hayan venido precedidos de abundantes esfuerzos negociadores y que en otras cuestiones no se haya avanzado.

La legislatura vivió en su tercer año uno de los aspectos determinantes: Aragón tenía nuevo Estatuto tras el amplio apoyo en el Congreso. El Estatuto, criticado abiertamente por CHA (que fue el único partido que votó en contra), ampliaba las competencias de la comunidad autónoma y la igualaba un poco más a comunidades como País Vasco o Cataluña. Fue un ejemplo negociador, según los partidos que avalaron la reforma. CHA consideró insuficiente el preámbulo (en el que se rechazaron referencias historicistas) y también que no se cuantificara el grado inversor del Estado.

Las infraestructuras recibieron un impulso muy considerable. Las máquinas abrieron numerosos tramos de obras iniciadas años antes (como la A-23) y están trabajando a buen ritmo en la autovía Huesca-Pamplona y Huesca-Lérida. Este año se han incorporado partidas para los reivindicados desdoblamientos de la N-II entre Fraga y Alfajarín y la N-232 entre Mallén y Figueruelas. Sin embargo, las obras llegarán con mucho retraso. También va despacio, aunque en marcha, la autovía de Zaragoza a Castellón por Alcañiz, y la que uniría Lérida con el Valle de Arán, pasando por muchas localidades aragonesas. Las infraestructuras carreteras arrojan un balance positivo (el hecho de que Víctor Morlán fuera el número dos del Ministerio de Fomento ha contribuido), pero más irregulares son las ferroviarias.

Mientras el AVE (a pesar de la negativa de ofrecer bonos como ocurre con otros trenes de Alta Velocidad en España) ha funcionado aceptablemente bien y llega a Huesca y Tarragona, han seguido sin solventarse los problemas en los trenes de Teruel (ahora se están realizando mejoras) y las Cercanías de Zaragoza van con retraso. Otro de los fiascos han sido las obras hidráulicas. Tras la celebrada derogación del trasvase, los embalses de regulación muy reclamados y consensuados con el Pacto del Agua están igual que en el 2004. Ni Yesa, ni Biscarrués ni San Salvador han recibido impulsos. Todo lo contrario. El Plan de la Minería y el Plan para Teruel resolvieron déficits estructurales de Teruel, aunque colectivos sociales y oposición lo siguen considerando insuficiente para la provincia. También se criticó que no se implantara la fábrica de los helicópteros Tigre y que sí pensara en cambio Defensa para instalar una base de espionaje de la OTAN.