Casi 400 mayores aragoneses viven legalmente incapacitados y bajo la tutela del Gobierno de Aragón, que muchas veces asume esta responsabilidad ante la falta de familiares que cuiden de ellos o la negativa de los mismos a hacerse cargo de los ancianos. El incremento exponencial de estas tutelas en sólo siete años ha obligado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a reforzar sus servicios e incluso a acometer este año una reestructuración. Pero tanto las familias como los profesionales siguen acusando la carencia de medios para atender a las auténticas víctimas de este fenómeno que, generalmente, tienen escasos recursos económicos.
El propio Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recordó este mismo año en un informe cómo el abandono es la principal forma en la que se presentan los malos tratos que sufren entre el 3 y el 10% de la población aragonesa. Y en la mayoría de los casos, este especial modo de agresión, ejercida en el 74% de los casos por familiares, afecta a quienes tienen algún tipo de dependencia.
Sin embargo, en otra recomendación, el Justicia también pidió prudencia a la DGA con el empleo legal de los recursos de la incapacitación y la tutela. El IASS asegura que siempre se recurre en primera instancia a la familia, pero que muchas veces al final sólo queda el amparo administrativo.
DESBORDADOS El propio director gerente del IASS, Miguel Ariño, reconoce que las exigencias sociales en cuanto a mayores "han sobrepasado" a la Administración, "por el envejecimiento poblacional y los cambios sociales en las propias familias, que ya no quieren hacerse cargo a veces de los mayores".
Pero, por otro lado, asegura que su departamento ha acometido este año una profunda reestructuración para crear nuevas unidades que aborden todas las tutelas que tiene la Administración y que, desde este año, están centralizadas en el IASS. Esto ha supuesto la incorporación de 23 funcionarios, la creación de cuatro nuevas jefaturas y un refuerzo presupuestario de 1.030.000 euros (350.000 de ellos para gestión directa).
En la actualidad hay 596 personas mayores de edad que dependen legalmente del IASS. El 39% de ellos son enfermos mentales y el resto, mayores y personas dependientes. Y la Administración gestiona sus bienes y toma las decisiones en cuanto a temas sociales y sanitarios, a través de las comisiones de tutelas que existen en cada dirección provincial del IASS.
Sin embargo, según la Administración, este fenómeno no ha llegado todavía a su punto más álgido y el número de tutelas asumidas por ésta seguirá creciendo en los próximos años, como ocurre en el resto de las comunidades autónomas españolas.
"Desde que se creó la figura jurídica de la tutela y el IASS empezó a asumirla en 1997, el número de incapacitados que dependen de él no ha dejado de crecer y lo seguirá haciendo en los próximos años", explica Francisco Amaro, secretario general técnico del instituto.
Esto supone "un esfuerzo importante para la Administración", tanto económico como de personal. "Por desgracia, la mayoría de ellos tienen escasos recursos y sus pensiones no cubren los gastos de sus cuidados", concluye Amaro.
Sin embargo, para algunas familias y trabajadoras sociales, los medios de los que dispone el IASS son "demasiado escasos" y "no llegan a cubrir las necesidades de las personas tuteladas", sobre todo en el capítulo de asistencia social.
Así lo asegura Alicia Ruiz, trabajadora social que hace unos días participó en la Jornada sobre Incapacitación que reunió en Zaragoza a distintos profesionales implicados en este campo. "Si no hay medios económicos, ni plazas de residencias, ni suficiente personal es imposible ofrecer la atención adecuada por muchas figuras jurídicas que creemos", asegura.
Afirma que los recursos están "desbordados" y que hay un porcentaje de mayores muy alto "sólo y con problemas". Para esta profesional, "la dimensión social del anciano no está suficientemente valorada, al igual que la labor de quienes trabajan en ella". Afirma que hay que alcanzar una "mayor coordinación" entre "salud y servicios sociales".
