Zaragoza albergó ayer el segundo encuentro interterritorial por el cambio demográfico que acoge a las seis comunidades autónomas con mayores problemas de población y de la reunión salió un manifiesto consensuado en el que reclaman al Gobierno central la búsqueda de soluciones, acompañada de más financiación, para paliar el agravio que supone mantener unos servicios públicos de calidad que son sustancialmente más caros de mantener que en aquellas comunidades más pobladas.

Los consejeros de Política Territorial o Administraciones Públicas de Aragón, Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León (todos del PP salvo el asturiano, que es del PSOE) plasmaron un acuerdo que no pretende "ir contra nadie" pero que sí solicita que la próxima reforma del modelo de financiación "tenga un mayor peso y estén mejor ponderadas las variables demográficas como la baja densidad y la dispersión de la población y el envejecimiento". Este es uno de los puntos del manifiesto que van a trasladar al Gobierno de Mariano Rajoy, en el que también se busca la implicación de las instituciones europeas y el intercambio de trabajo con otras regiones europeas que sufran los mismos problemas. Ayer estaban reunidas las comunidades que aglutinan el 60% de todo el territorio estatal, el 58% de los municipios pero el 29% de la población total.

GRUPOS DE TRABAJO Por este motivo, ayer redactaron un manifiesto de siete puntos en el que solicitan al Gobierno "la creación de un grupo de trabajo con estas comunidades que identifique las medidas posibles y su implantación" y la elaboración de una Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico, ya que este problema se va a intensificar en los próximos años y es un "asunto de Estado", como indicó el consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que no pretende ir "contra nadie". Se impulsarán iniciativas en los parlamentos.

También se indica que se buscarán "alianzas" con otras regiones europeas afectadas por el mismo problema y "demandar al Gobierno de la nación una nueva ponderación de las variables de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida en la revisión del sistema de financiación autonómica. En definitiva, todas aquellas variables demográficas que influyen en un mayor coste de la prestación de los servicios". Como consecuencia de este punto del manifiesto, y dado que "las políticas de desarrollo rural tienen un carácter transversal y afectan directamente a la vertebración y ordenación del territorio", todas reclaman más financiación.

A su vez, y en un foro que, como señaló el consejero de Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-Batalla, carece "de cualquier implicación partidaria o ideológica", ya que se trata de un asunto de Estado, el manifiesto pretende "concienciar a las fuerzas políticas de la importancia de los desafíos demográficos señalados, las circunstancias y sus consecuencias", así como promover un pacto de Estado por la demografía. Además de los consejeros citados, asistió la titular de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, el de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, la de Bienestar y Trabajo de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato y, como anfitrión, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez.