"Esto no ocurría ni con Franco, que hacía leyes que eran una salvajada pero las aplicaba. Ahora las hacemos y el Gobierno de Aragón saca una circular diciendo que no hace falta cumplirla". Con estas palabras, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, arremetió contra el Ejecutivo autonómico al que instó a decidir ya sobre el reparto de competencias que establece la nueva ley de bases de régimen local o que la impugne como ha hecho el propio ayuntamiento de la capital presentando el recurso de inconstitucionalidad al que se han sumado otras instituciones de toda España. O que presente una nueva ley que contravebga el contenido de la estatal, como han hecho otras comunidades, como Castilla y León, para que entre en conflicto y decidan los tribunales.
Gimeno se refirió así a la actitud mostrada por la DGA en este asunto en el que no ha habido pronunciamiento oficial sobre la petición formulada por el ayuntamiento zaragozano en la que solicitaba mantener todas las que ahora tiene y que la ley de bases pone en cuestión. Aunque el plazo de tres meses dado al Gobierno aragonés culmina "a principios de junio" y será entonces cuando el consistorio acudirá a los tribunales para que sean los jueces los que decidan.
CIRCULAR
Porque en el fondo de la cuestión está que la nueva ley de bases ya está en vigor, que hay competencias que se están asumiendo haciendo caso omiso a la ley y, en cualquier caso, sin que la DGA aporte la correspondiente financiación para que esos servicios los preste el consistorio. "Es un atentado contra el estado de derecho que va a causar una época en la bibliografía de los estudiosos de estos temas", exclamó el vicealcalde, quien recordó que en las comunidades que han aprobado una ley paralela que entra en contradicción con la estatal "al menos habrá que esperar a que las impugne el Estado".
Gimeno defendió que el consistorio no tiene más salida que acudir a los tribunales si la DGA no da respuesta, "para hacer cumplir la ley", porque "no se puede obligarles a martillazos". Mientras el vicealcalde cargó también con la utilización de circulares puntuales para aclarar puntualmente cómo queda la situación en los servicios que no saben si desaparecerán, si pasarán a manos del Gobierno aragonés o si se quedarán como están ahora. El problema es que desde el consistorio no piensan hacer "ni caso" a esas "circularcitas". "Las utilizaremos como cachondeo y la pasaremos por todos los sitios como ejemplo de cómo funciona el estado de derecho", ironizó.
