Después de dos años de declaraciones, registros y periciales, la investigación del conocido como caso saqueo de Plaza ha finalizado. Ayer, el encargado de la misma, junto a la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, dictó el auto de imputación de 26 personas, entre las que destacan el exgerente Ricardo García Becerril; los dirigentes de Acciona en Aragón, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón; el constructor Agapito Iglesias; el dueño de Porcelanosa, Manuel Colonques; y el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, Carlos Escó. Todos ellos, junto al resto, habrían malversado, presuntamente 150,5 millones de euros.

El magistrado llega a esta cifra a partir de los informes periciales realizados tanto por la empresa pública, que se presentó como acusación con el Gobierno popular de Luisa Fernanda Rudi, como por los informes presentados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

Considera que "existen indicios para señalar que las obras certificadas y no ejecutadas ascienden a un total de 36.597.192,03 euros y el desfase entre obras certificadas y valoradas pericialmente aumenta hasta los 150.582.389,18 euros".

No tiene dudas de que los responsables son, principalmente, el exgerente García Becerril y el que acabó siendo gestor de la UTE liderada por Acciona, José María Jordán. Estima que desde el minuto cero del proyecto estrella del Gobierno del socialista Marcelino Iglesias "urdieron un plan" para esquilmar el dinero público invertido en este proyecto --tuvo una inversión inicial de 800 millones de pesetas por parte de la DGA y otros 200 del Ayuntamiento de Zaragoza--, que retiró su personación con la entrada de Zaragoza en Común (ZeC). Por ello, les atribuye la comisión de distintos delitos económicos como malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación.

Aunque fueron, al parecer, los promotores de las irregularidades, el magistrado resalta que "ni Escó, ni el consejo de administración controlaron ni revisaron la actuación llevada a cabo en las obras de urbanización".

ORIGEN

El juez resalta el 2002 como el origen de todo. Fue en ese año, con el nacimiento del centro logístico que aspiró a ser el más grande de toda Europa, cuando se hizo el pacto entre García Becerril (se enfrenta a 12 delitos) y Jordán (siete delitos) para que la UTE formada por Acciona y MLN fuera la responsable de acometer las obras.

Señala que en ese concurso estaban fijadas dos vueltas. En la primera ganó la UTE de Acciona, pero en la segunda le adelantó ACS/Arascón. Sin embargo, "el exgerente García Becerril, con el consentimiento del director técnico Miguel Ángel Pérez, maniobró para que hubiera una tercera vuelta no establecida en el pliego inicial". Como consecuencia, salió vencedora Acciona/MLN.

No fue la única vez. El juez Martínez resalta que en la segunda fase, en el 2013, ocurrió algo similar, aunque con correos electrónicos en los que el exgerente de Plaza instaba a su director técnico a manipular las puntuaciones. "Aumentó de 7,54 a 20 los puntos en el concepto de oferta económica a la propuesta de Acciona y se rebaja a FCC/Estructuras Aragón a 18,66 puntos", asevera.

Al magistrado le sorprende que el presupuesto de ejecución de la primera y segunda fase fuera diseñado por la UTE y no por Plaza. Esto conlleva que la constructora fuera conocedora, antes de trabajar, del dinero que iba a recibir y marcara hasta el desfase que podía tener. Entre las obras realizadas de esta forma señala el conocido como Apartado Ferroviario --que fue investigado en el Juzgado de Instrucción número 12 y cuyo juez no apreció delito-- o la planta de Caladero --que también fue judicializada y archivada por la jueza del Instrucción número 3--.

Pero la presunta trama no quedó aquí, a juicio del juez, García Becerril dio un paso más. Utilizó, supuestamente, a su esposa Elena Planté (1 delito) y a sus hijas Carolina y Patricia (6 y 5 delitos), a través de una empresa que llamaron Pulsar y con la que "cobraron comisiones" a las empresas que querían trabajar en Plaza como proveedoras. El magistrado señala a once responsables de las mismas, entre los que resaltan los hermanos Margalejo (7 delitos cada uno), Agapito Iglesias (3 delitos) y Manuel Colonques (3 delitos).

Se apoya en que Patricia y Carolina, con tan solo cuatro trabajadores y sin experiencia logística, redactaran proyectos para estas empresas. El juez, al igual que la Policía, entiende que fueron "peajes". Esto conllevó ingresos de hasta de más de 1 millón de euros que les permitió la compra de pisos, un yate, joyería y viajes. Un patrimonio que era gestionado y disfrutado, al parecer, por su padre y exgerente de Plaza.

Otra vertiente de la supuesta trama era controlar a los supervisores de los trabajos. En ese escalón estaban trabajadores de la UTE como José Luis Bellido o Alejandro Viñuales (contables y jefes de producción) que tenían que firmar las facturas falsas.

Era tal el beneficio que recibía la UTE de Acciona, asevera el juez, que el exgerente de Plaza recibió regalos como un viaje a Brasil para toda su familia --costó 6.000 euros-- o que el ingeniero que supervisaba todo, Nicolas Groeneveld, llegó a remodelar su vivienda a costa de la plataforma logística.